Informe ante la SIP denuncia intimidación y amenazas a periodistas en Panamá

Ciudad de Panamá, 19 (EFE).- El informe preliminar de Panamá ante la 77 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que comienza este martes, denunció el aumento del uso de acciones judiciales en contra de medios e informadores como herramienta de intimidación y para promover la autocensura.

El informe cita que el 1 de septiembre pasado el Ministerio Público imputó al periodista Mauricio Valenzuela, del medio digital Foco Panamá, después de que, a principios de año la diputada oficialista, Zulay Rodríguez, lo demandara por «violencia de género» tras publicar sobre el cuestionamiento público a la diputada en su práctica como abogada.

Agrega además que de las 16 denuncias y querellas del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) contra la empresa Corporación La Prensa, sus periodistas y directivos, se cerraron provisionalmente 14 de ellas en las que reclamaba un resarcimiento a su honor por 41 millones de dólares, mientras que en las dos restantes en proceso, el pedido de indemnización es por 5 millones de dólares.

Sigue pendiente desde 2012 el proceso del expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) por presuntos daños y perjuicios a su reputación y honor, en contra de cuentas bancarias y activos de La Prensa por más de un millón de dólares.

INTIMIDACIÓN A PERIODISTAS

El 13 de octubre pasado la periodista Castalia Pascual, de TVN Canal 2, denunció que el entonces presidente Ricardo Martinelli la chantajeó en 2012 para que no investigara a sus hijos, ahora presos en Guatemala y pendientes de extradición a EE.UU., dijo el informe.

Precisó que Pascual detalló que uno de sus familiares había sido trasladado desde una granja de rehabilitación de reclusos a un centro penitenciario de máxima seguridad, sin que se supiera su paradero.

Pascual dijo que, «presionada por Martinelli, quien le expresó ‘no te metas con mis hijos y yo no me meto con tu familia’, ella accedió a no investigar y su familiar fue trasladado de nuevo a la granja de rehabilitación».

El 8 de julio La Prensa publicó una investigación que dejó al descubierto una red de vacunación clandestina. Al día siguiente, la periodista Flor Mizrachi, autora de la investigación, fue amenazada de muerte a través de llamadas anónimas y amenazas en Facebook de secuestro y violación y de que conocían sus movimientos y el de su familia.

FALTA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

También se mantuvo la falta de acceso a datos sobre el uso de fondos públicos durante la pandemia, en desconocimiento de las obligaciones que demanda la Ley de Transparencia a funcionarios e instituciones por parte de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), indicó el informe preliminar.

En agosto pasado, el Ministerio de la Presidencia aprobó la Resolución 71, que declara información de acceso restringido a las actas, notas, archivos y otros registros o constancias de las discusiones o actividades del Consejo de Gabinete, del presidente o del vicepresidente. Estos documentos no se podrán divulgar por un periodo de 10 años.

Durante la discusión de una polémica parlamentaria de unas reformas electorales se plantearon normas que afectaban el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, pero fueron finalmente descartadas.

INVESTIGACIÓN POR COMPRA DE MEDIOS

El Ministerio Público remitió a un juzgado el caso «New Business», que investigó -basado en información remitida por la Asamblea Nacional de Diputados- la forma de adquisición del grupo editorial EPASA.

Según el expresidente del grupo editorial Ricardo Chanis, el expresidente Martinelli y allegados son propietarios de Epasa, que publica los diarios Panamá-América y Crítica. El Ministerio Público llamó a juicio a Martinelli y 25 personas investigadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

Durante la investigación se recuperaron 9,2 millones de dólares en acciones, el 30 % de la empresa, que fueron remitidas al Tesoro Nacional para el Estado.

«Así como en el resto del continente, los medios panameños se han visto obligados a realizar ajustes para capear la crisis de sostenibilidad acelerada por la pandemia», finaliza el informe preliminar de Panamá ante la SIP. EFE

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