Investigación contra diputada por aborto ilegal reabre el debate en Chile sobre nueva ley

Santiago de Chile, 18 ene (EFE).- La apertura de una investigación por un presunto aborto ilegal por parte de la Fiscalía chilena contra una diputada abrió de nuevo el debate en el país suramericano sobre la necesidad de ampliar la ley que rige desde 2017 y que permite la interrupción voluntaria del embarazo solo en tres causales.

Medios locales informaron el viernes que la Fiscalía de Antofagasta (norte de Chile) decidió abrir una nueva causa contra la diputada de izquierdas Catalina Pérez, señalada en una trama de supuestas irregularidades en el traspaso de subvenciones públicas a fundaciones privadas.

La diputada, suspendida temporalmente del gobernante Frente Amplio y cuya expareja y exjefe de gabinete son los principales protagonistas del denominado «Caso Convenios», calificó la apertura de la investigación por supuesto aborto ilegal de «miserable» y dijo que la Fiscalía buscó en su «información ginecológica algún motivo» para desaforarla.

«Como no existen evidencias para acusarme de tráfico de influencias, ni de fraude al fisco, ahora buscan en mis fichas médicas y ginecológicas un fundamento para culparme. ¡Este es un exceso que no tiene nombre!», indicó Pérez, que aún no ha sido imputada formalmente por estar aforada.

Una de las primeras en reaccionar a la nueva investigación fue la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien señaló que «no se puede seguir persiguiendo y criminalizando a las mujeres por este tema» y pidió «avanzar y no retroceder en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos y su posibilidad de decidir respecto a sus proyectos de vida».

«Entre 2012 y 2022, un total de 444 personas fueron investigadas por aborto en Chile y más del 10 % de las causas fueron tras un aborto espontáneo, de acuerdo al estudio recientemente publicado por Corporación Miles», agregó Orellana.

La propia Corporación Miles aseguró que la investigación y «su cobertura mediática» evidencian que «en Chile, si se presume que una mujer decidió interrumpir un embarazo, es criminalizada y sus derechos son vulnerados».

«La criminalización disuade a las personas de buscar ayuda médica (…) Nos preocupa especialmente el efecto amedrentador que la exposición de este caso puede tener», añadieron.

También hubo reacción por parte de la Coordinadora Feminista 8M, una de las organizaciones feministas más importantes del país, que pidió «no más persecución a nuestras decisiones reproductivas» y reivindicó que el aborto legal es un «derecho».

En su tercera rendición de cuentas ante del Parlamento el pasado junio, el presidente chileno, Gabriel Boric, anunció la presentación para finales de 2024 de un proyecto de ley de plazos y del ingreso de un nuevo reglamento para regular la objeción de conciencia en la ley actual.

El Gobierno, que no tiene mayoría parlamentaria, anunció en diciembre la postergación del proyecto por «motivo técnicos y políticos», pero que su compromiso «sigue vigente». EFE

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