El atentado de Omagh pudo «prevenirse», según la Justicia norirlandesa

Dublín, 23 jul (EFE).- La Justicia norirlandesa dictaminó este viernes que el atentado de Omagh de 1998, en el que murieron 29 personas -dos de ellas españolas-, pudo «prevenirse», y ha recomendado a los Gobiernos británico e irlandés que abran una investigación especial al respecto.

El juez del tribunal Superior de Belfast, Mark Horner, cerró así una demanda presentada por Michael Gallagher, cuyo hijo, Aidan -de 21 años-, también falleció en el atentado perpetrado en esa ciudad del Ulster por el IRA Auténtico (RIRA), escindido del ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA) por su oposición a la vía democrática y el proceso de paz.

Gallagher llevó este caso a los tribunales después de que el Gobierno del Reino Unido rechazara en 2013 establecer una investigación pública sobre este atentado, el más sangriento en la historia del conflicto norirlandés y por el que aún nadie ha sido condenado.

«Estoy convencido de que ciertos argumentos, cuando se examinan por separado o en conjunto, dan lugar a acusaciones plausibles sobre el hecho de que existían perspectivas reales de que se pudo prevenir el atentado», declaró hoy Horner en su sentencia.

Tras conocer el veredicto, Gallagher subrayó que las conclusiones «dan la razón» a «la posición mantenida siempre» por las familias de las víctimas, al tiempo que confirma que «el único mecanismo» para «destapar la verdad» es una «investigación pública».

«Durante mucho tiempo he tenido claro que la atrocidad de Omagh pudo prevenirse, pero nadie ha querido escuchar ese mensaje, ni el Gobierno irlandés, ni el británico, pero ahora hay una persona independiente que lo ha dicho», agregó Gallagher.

Hasta la fecha, solo dos hombres han sido acusados por aquel atentado, pero los errores e irregularidades cometidos por la policía norirlandesa (PSNI) e irlandesa (Garda) durante sus pesquisas obligaron a las autoridades a ponerles en libertad.

Aunque la víctimas entienden que pudieron cometerse negligencias, también albergan, como indica Gallagher, la sospecha de que Londres y Dublín han evitado tomar medidas que «pongan en dificultades al proceso de paz», un planteamiento que encaja con el habitual recelo de Londres para abordar las actividades de sus servicios secretos en el pasado conflicto.

De cara a esta demanda presentada ante el tribunal Superior de Belfast, el Grupo de Autoayuda y Apoyo de Omagh, presidido por Gallagher, encargó en 2013 a una consultora de seguridad de Londres un informe que contiene, según el grupo, nuevas pruebas que demuestran el fracaso de las autoridades para evitar el atentado y apresar después a sus responsables.

Este documento fue entregado ese año a los Gobiernos británico, irlandés y español para pedirles el establecimiento de un tribunal público, independiente y transfronterizo.

El niño Fernando Blasco Baselga, de 12 años, y la monitora Rocío Abad, de 29, fallecieron en la explosión de un coche bomba estacionado en pleno centro de la localidad de Omagh, junto a otras 27 personas, entre las que había una mujer embarazada con mellizos de ocho meses.

Ambos formaban parte de un grupo que realizaba un curso de verano en la República de Irlanda y que el 15 de agosto de 1998 cruzó la frontera para visitar Irlanda del Norte, envuelta en aquellos días en un clima de optimismo tras la firma cinco meses antes del acuerdo del Viernes Santo, el texto que puso fin a más tres décadas de violencia. EFE

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