Italia da vía libre a una norma que endurece el delito por ocupación ilegal de viviendas
Roma, 11 sep (EFE).- El Parlamento de Italia dio vía libre este miércoles a una norma que endurece el delito por ocupación ilegal de viviendas e introduce penas de entre dos y siete años de cárcel, una medida criticada por la oposición y que el Gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni llevaba intentado sacar adelante desde hacía tiempo.
Según la prensa local, la Cámara de Diputados aprobó la introducción del delito por «ocupación arbitraria de un inmueble destinado al domicilio de otros», por el que se podrá imponer condenas de cárcel.
También permitirá acelerar el proceso de intervención y desalojo de los ocupantes de las viviendas por parte de la Policía.
Las fuerzas de la oposición al Ejecutivo alegaron que la medida es «superflua», hecha «sólo para los titulares de periódico», porque ya hay otros artículos en el código penal que contemplan e incluyen el delito por ocupación de vivienda.
Marco Lacarra, diputado del principal partido opositor, el centro-izquierdista Partido Demócrata, aseguró que la medida puede acarrear problemas para las personas que residen en viviendas por las que no puedan pagar el alquiler por motivos como la pérdida de trabajo, por lo que la nueva norma puede ser un peligro añadido en su situación.
El nuevo artículo introducido impone «pena privativa de libertad» para «quien, mediante violencia o amenazas, ocupe o posea un bien destinado a vivienda ajena», y que «impida al dueño o persona que legítimamente la posea regresar» a ese inmueble.
Según Andrea Pellicini, diputado del partido de Meloni que lidera la coalición, Hermanos de Italia, esta normativa supone un paso más «que sanciona severamente las conductas odiosas y viles de quienes ocupan arrogantemente casas ajenas».
A su vez, destacó que «se establece un proceso de emergencia destinado a permitir a las fuerzas policiales desalojar de forma rápida las propiedades y devolverlas a sus titulares».
Según agregó, se trata de una medida «de civismo que tiene como objetivo proteger» a personas «débiles, a menudo ancianos o discapacitados, de los ataques al bien fundamental de su hogar». EFE
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