Justicia chilena imputa presunto lavado de activos a exgeneral del Ejército Óscar Izurieta

Santiago de Chile, 22 ene (EFE).- La Justicia chilena efectuó este miércoles la audiencia de imputación en contra del excomandante en Jefe del Ejército Óscar Izurieta Ferrer (2006-2010), investigado por presunto lavado de activos en el marco de uno de los mayores casos de corrupción del país.

La indagatoria del Ministerio Público, señaló el fiscal Marco Muñoz, apunta a supuestas maniobras que el exgeneral habría realizado para ocultar el origen de su patrimonio, en particular una propiedad financiada con recursos públicos presuntamente desviados desde la institución castrense.

“Existía un cierto mecanismo metódico, a través del cual se usaban gastos reservados de forma indebida, entre ellos un concepto denominado ‘apoyo a ex comandantes jefes del Ejército’ y consistía básicamente en el pago de una mensualidad en dinero en efectivo que se entregaba por mano en un sobre cerrado”, señaló el fiscal.

El persecutor detalló que la investigación «dice relación con haber recibido a título de mensualidad entre 61 a 77 millones de pesos (cerca de 80.000 dólares) para el pago de cuotas de crédito hipotecario por caja de un inmueble que fue destinado a arrendamiento durante todo el tiempo, por lo tanto fue generando utilidades sucesivamente que fueron incrementándose, llegándose a una estimación total de cerca de 170 millones de pesos (unos 170.000 dólares)”.

Muñoz explicó que el método de lavado de activos aparece en tanto “no solamente se usa con ánimo de lucro este dinero, adquiriendo un inmueble y generando rentas a partir de aquel, sino que también se usa el sistema tributario para declarar dineros que se habían recibido a título de gasto reservado, que no habían sido declarados en su renta al año respectivo”.

La finalidad, subrayó el fiscal, fue “obtener cierta validación del sistema del Servicio Impuestos Internos, de que dichos montos se encontraban con impuestos pagados y en consecuencia se atribuye como una conducta de legitimación de dineros ilícitos”.

El mismo fiscal no descartó la imputación penal en contra de más personas.

A inicios de 2022, la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, sometió a proceso a Izurieta Ferrer como autor de malversación de fondos públicos y falsificación de documento militar por el uso de gastos reservados del Ejército.

Dicho procesamiento, aún en manos de la Justicia Militar del país sudamericano, es el delito base por el que se investiga al excomandante, por lo que el Ministerio Público solo apunta al lavado de activos.

La trama de Izurieta se enmarcada en el denominado «Milicogate», un desfalco del erario nacional que hasta ahora supera los 9 millones de dólares y que, tras darse a conocer, enterró la reputación del Ejército chileno, en particular el prestigio de sus altos mandos.

En su investigación, la jueza Rutherford procesó a los últimos cinco comandantes en jefe de la institución: Juan Emilio Cheyre (2002-2006), Óscar Izurieta (2006-2010), Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014), Humberto Oviedo (2014-2018) y Ricardo Martínez (2018-2022).

No es la primera vez que se producen en democracia investigaciones por delitos relacionados con el enriquecimiento ilícito en la cúpula del Ejército chileno, una práctica que según los historiadores estaba muy arraigada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). EFE

ssb/rf