Justicia chilena ordena indemnizar a víctima torturada por la Armada tras golpe de Estado

Santiago de Chile, 27 nov (EFE).- La Justicia chilena condenó este miércoles al fisco a pagar una indemnización cercana a 500.000 dólares por concepto de daño moral y repercusión a la cónyuge e hijos de una víctima de tortura por parte de la Armada pocos días después del golpe de Estado de 1973.

La resolución la tomó el Decimonoveno Juzgado Civil de Santiago, en un fallo donde la magistrada Jacqueline Benquis estableció la responsabilidad del Estado en la comisión de un crimen de lesa humanidad y la obligación de reparar a las víctimas directas y a sus familias por daño reflejo.

«(…) resulta fundamental señalar que el caso versa sobre indemnización de perjuicios reclamada al Estado de Chile, a partir de violaciones a los derechos humanos en la comisión de delitos denominados de lesa humanidad o crímenes de guerra, cometidos por agentes del estado en su representación y financiados por este”, plantea el fallo.

«(…) encontrándose acreditado el ilícito, la responsabilidad del Estado, y la circunstancia de detención, prisión política y tortura de don Mario Francisco Luna Rodríguez, y que no habría tenido lugar sin la intervención de funcionarios estatales no se hubiera producido, queda por dar establecida la responsabilidad del Estado de Chile en los hechos relatados”, concluye.

La dictadura civil militar de Augusto Pinochet (1973-1990) dejó un saldo de casi 40.000 víctimas, entre ellas al menos 3.200 opositores asesinados de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada.

Tras décadas de búsqueda se encontraron e identificaron los restos de 307 y aún falta encontrar a otros 1.162, según las últimas cifras oficiales.

El informe de la Comisión Valech se conoció en noviembre de 2004, durante el Gobierno del socialista Ricardo Lagos (2000-2006), y certificó que más de 27.000 personas fueron víctimas de prisión política, tortura y exilio.

Posteriormente, en el primer mandato de Michelle Bachelet (2006-2010) se emitió un segundo informe que sumó casi 10.000 personas más. EFE

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