Líder indígena amenazado de muerte pide salvar la Amazonía de minería ilegal
Lima, 10 mar (EFE).- El líder indígena peruano Hortez Baitug Wajai, de la etnia Awajun, denunció que sufre amenazas de muerte junto a sus principales seguidores por defender sus territorios y pidió al Gobierno de Perú que salve a la Amazonía de la minería ilegal.
«A nosotros mañana, o pasado, nos matan», advirtió Hortez Baitug, presidente de la Organización de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Adecofrop), durante una videoconferencia organizada este miércoles por la organización CooperAcción.
El dirigente indígena denunció las amenazas que sufre el pueblo Awajun y los comunidades asentadas a orillas del río Cenepa, cerca de la frontera con Ecuador, donde ellos siguen las costumbres de sus antepasados de «defender la diversidad ecológica».
DEFENSORES AMENAZADOS
Hortez explicó que las comunidades salieron a «defender el derecho de retirar a los mineros» que entraron en sus territorios confiados en que el Estado los iba a apoyar, pero ahora las autoridades de la región de Amazonas «han cambiado su actitud».
Aseguró, en ese sentido, que personas expulsadas de otras localidades los «están amenazando directamente», diciéndoles que son «opositores antimineros, antidesarrollo».
«Ya estamos recibiendo amenazas de muerte», reiteró Hortez antes de indicar que él y sus asesores han pedido garantías al prefecto de la localidad de Condorcanqui, ya que no se les permite el libre tránsito, los siguen y les toman fotos.
«Somos defensores del ambiente, pero amenazados», enfatizó.
DEFENSA DEL PULMÓN DEL MUNDO
El líder indígena remarcó que «el bosque no es solo para los pueblos originarios, sino es la vida del planeta», por lo que invocó a las autoridades peruanas «unidad para defender la Amazonía, que es el pulmón del mundo».
Dijo que han presentado un memorial para pedir la «pronta interdicción para erradicar la minería ilegal en las márgenes del río Cenepa».
«Señores del Estado, yo arriesgando mi vida vengo enfrentando y saliendo, pero no lo puedo controlar porque está afectando demasiado nuestro terreno, estos señores se sienten dueños de nuestros terrenos», alertó.
APOYO PARA EL DESARROLLO
El presidente de la Adecofrop pidió que en su localidad se instale un instituto o una universidad que permita que los jóvenes «conozcan que la educación es la ruta básica para el desarrollo», y que se fomenten actividades productivas como la piscicultura, la agricultura, la cerámica, la artesanía y la cría de animales.
UN TEMA MUY DELICADO
Durante la videoconferencia, la jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Nelly Aedo, admitió que este tema «lamentablemente es muy delicado y genera preocupación de diversas instancias»
«En el caso de las comunidades del Cenepa, están sufriendo de manera fuerte y agresiva la invasión de su territorio por la minería ilegal», afirmó antes de detallar que entre 2013 y 2021 se han reportado 22 muertes de defensores ambientales e indígenas en Perú, 7 de ellos durante la actual pandemia.
PROBLEMAS ESTRUCTURALES
El coordinador del Equipo de Implementación del Protocolo de Defensores del Ministerio de Justicia, Jorge Abregó, reconoció que este problema afecta a «un grupo de especial protección», reconocido en el Plan Nacional de Derechos Humanos.
«La mirada del protocolo es amplia y no concentrándose solo en los temas de seguridad, que sin duda son los más graves», sostuvo antes de añadir que «la idea es que este mecanismo intersectorial pueda otorgar una respuesta a estos problemas estructurales».
Abregó dijo que en el caso de los indígenas Awajun del Cenepa existe una «preocupación institucional», que ya fue planteada por el ministro de Justicia, Eduardo Vega, a la comandancia de la Policía Nacional y al Ministerio Público para que tomen cartas en el asunto.
DELITOS CONEXOS
Por su parte, William Zabarburu, asesor de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos del Congreso, recordó que la minería ilegal está ligada a delitos conexos, ya que causa deforestación, narcotráfico, trata de personas y corrupción interna.
Y la abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL) Rocío Meza alertó que «la situación en el Cenepa se está desbordando» porque «hay un no cumplimiento de las acciones estatales». EFE
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