La “autonomía diferenciada” de Meloni irrita a las regiones pobres del sur y la oposición

Roma, 20 jun (EFE).- La ley de “autonomía diferenciada” aprobada en Italia por iniciativa del Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, que regula la transferencia de competencias a las regiones, preocupa al desfavorecido sur y a la oposición, que temen que pueda “romper el país” y aumentar aún más las desigualdades.

El Movimiento 5 Estrellas (M5S), segundo mayor partido de la oposición, ha pedido este jueves por carta al presidente de la República, Sergio Mattarella, que ordene una nueva tramitación del texto en el Parlamento antes de promulgarlo, valiéndose de sus prerrogativas.

La Cámara de los Diputados de Italia aprobó definitivamente este miércoles la ley de la denominada “autonomía diferenciada” para establece reglas que permitirán a cada región reclamar al Estado central la gestión de nuevas competencias.

La reforma ha sido impulsada por el partido ultraderechista Liga, miembro de la coalición de Gobierno y siempre adalid del federalismo para el rico norte, mientras que la primera ministra Giorgia Meloni ha asegurado que hará “más fuerte y justo” el país.

En la realidad, Italia está partida en dos: un industrializado norte, con motores económicos como Lombardía o Veneto, y un sur desfavorecido, que adolece de un histórico subdesarrollo económico y social, emigración, rentas bajas y falta de infraestructuras.

La reforma establece que las regiones puedan hacerse con ciertas competencias estatales durante diez años, un plazo prorrogable y revisable (La Constitución avala que la República italiana, única e indivisible, impulse en los servicios que dependen del Estado la más amplia descentralización posible).

Sin embargo su puesta en marcha no será inmediata por depender de la definición de los denominados “niveles esenciales de desempeño” (LEP), que estipularán los servicios esenciales que el Estado debe garantizar en cada territorio para no aumentar la grieta.

Su aprobación por el momento ha sido celebrada por el norte. El presidente de Lombardía, Attilio Fontana, de la Liga, ya ha avanzado que “está preparado para pedir al Gobierno la gestión de dos materias importantes: la Sanidad y el medioambiente”.

Mientras que ha preocupado sobremanera al sur, siendo criticada con especial dureza por los gobernadores del centroizquierda.

El presidente de Apulia, Michele Emiliano, ha advertido en el diario ‘La Repubblica’ que esto “transforma radicalmente la forma de Estado en un modelo competitivo y conflictivo” y lo ha tachado de “secesión camuflada”.

El de Campania, Vincenzo De Luca, ha arremetido también contra una ley “grave que amenaza con partir en dos Italia” pero sobre todo con “penalizar de forma dramática el sur”.

Los presidentes de la conservadora Forza Italia (FI), socia de la coalición que gobierna en Roma, se han limitado a defender “el equilibrio” entre territorios destacando que el texto había sido mejorado por las enmiendas de su partido, muy presente en el sur.

El presidente de Basilicata, Vito Bardi, de FI, ha reconocido que la ley es “mejorable” pero subrayó que “no se podrán ratificar acuerdos entre el Estado y las regiones” sin financiar antes los servicios esenciales LEP.

Además, durante la votación en el Parlamento los tres diputados de Calabria (sur) pertenecientes a FI habían votado en contra, tal y como rebeló el presidente de esa región, Roberto Occhiuto, que tildó el texto de “error del centroderecha nacional”, al que pertenece.

El Partido Demócrata, principal formación opositora, y otros partidos preparan una recogida de firmas para imponer un referéndum que derogue la ley (hacen falta 500.000 o que lo pidan cinco asambleas regionales).

Su líder, Elly Schlein, ha criticado la reforma y a Meloni: “Nunca habíamos visto a una autodeclarada patriota romper en dos un país con esta autonomía diferenciada hecha sin un euro”, dijo, y rebautizó al partido de la primera ministra, Hermanos de Italia, como “Pedazos de Italia”.

El mayor sindicato italiano, la CGIL, ve la ley como “una herida profunda para la democracia” y desde el influyente Vaticano, el secretario de Estado del papa, el cardenal Pietro Parolin, confió en que “no cree más desequilibrios y desigualdades” territoriales.

Los detractores de la “autonomía diferenciada” también sospechan que su aprobación es un “intercambio de favores” entre Meloni y sus socios de la Liga: ella ha apoyado esta reforma para que sus aliados la respalden en la aprobación del “premierato”, su ley estrella, con la que quiere que los futuros primeros ministros se voten en las urnas. EFE

gsm/ad