La Amazonía peruana, en peligro por expansión cocalera y carreteras ilegales

Iván Brehaut

Pucallpa (Perú), 6 mar (EFE).- En agosto pasado, en la tranquila Comunidad Nativa Sawawo Hito 40, en Perú, jugaban con la radio de onda corta que tienen los comuneros, en la que oyen música de Brasil y noticias de lo que pasa allá afuera, en esos lugares llamados ciudades.

Repentinamente, una conversación extraña alertaba del ingreso de una empresa por una carretera, yendo hacia la comunidad cercana El Dorado.

Ante la amenaza, el entrenamiento recibido por el Comité de Vigilancia Comunitaria (CVC) de Sawawo, en el distrito de Yurúa, provincia de Atalaya (Ucayali, en la frontera con Brasil), se puso en práctica y comenzaron los patrullajes.

En uno de ellos, en el límite con la comunidad nativa de Shahuaya encontraron dos tractores forestales y dos motos de una empresa maderera que entró en su territorio sin aviso y que con impunidad cruzó el lindero natural entre ambas comunidades, el río Amonia.

Al otro lado del río, más de 40 trabajadores forestales observaban sin mayor emoción a los pobladores.

Tras las primeras pesquisas se identificó a los invasores: Inversiones Forestales JS, propiedad de Juan Simón Mendoza Pérez, miembro de una poderosa familia vinculada a la política y los negocios madereros en Ucayali.

Los comuneros de Sawawo fueron capacitados con un proyecto financiado por ReWild, organización ambientalista fundada por Leonardo DiCaprio, quien pidió en sus redes sociales atender la emergencia en Yurúa, lo que despertó el interés nacional, al menos por unos días.

Luego de la denuncia penal de Aconadiysh, federación indígena que representa a las comunidades de Yurúa, la Fiscalía especializada en medioambiente de Atalaya se personó en el lugar, donde la población había inmovilizado los tractores.

Posteriormente, una inspección fiscal inició la evaluación de los daños y se espera otra visita que, según fuentes, se ha retrasado por la recargada agenda de los peritos que deben trasladarse desde Lima, a más de 600 kilómetros. En febrero, casi seis meses después de la denuncia, la investigación no arrojaba resultados.

UNA CARRETERA «LEGAL»

La defensa de la empresa JS indica que ellos solo dieron mantenimiento a una antigua carretera maderera que ahora es parte de las vías propuestas por el Estado: la UC-105.

Un funcionario de Ucayali incluso agradeció públicamente el apoyo de la compañía para construir la nueva vía que, afirman, unirá el centro de Perú con Brasil, en una óptima conexión comercial.

Lo que ni el funcionario ni JS dicen es que la UC-105 no tiene estudios de impacto ambiental o de ingeniería ni ha pasado por una consulta previa como debería ser al atravesar territorios indígenas.

La empresa tampoco cuenta con permisos de apertura de caminos forestales. En realidad, la antigua carretera forestal sobre la que iría la UC-105 es una vía abandonada hace más de una década y sobre la cual Sawawo, para recuperar su bosque, realizó plantaciones forestales, ahora destruidas por JS.

En Ucayali se construyen entre el 70 % y el 80 % de los caminos ilegales de la Amazonía peruana y varias ONG dan cuenta de una escalada de deforestación en la selva, íntimamente vinculada al crecimiento del cultivo de la hoja de coca y la agricultura dedicada a la palma aceitera o el arroz, entre otros.

El problema del narcotráfico está muy vinculado al tráfico de tierras y a la inseguridad de las tierras indígenas, cuya titulación es un proceso largamente demorado por los sucesivos gobiernos.

PATRIMONIO PÚBLICO

En Perú, los bosques son patrimonio público y los que se destinan al aprovechamiento forestal han sido declarados Bosques de Producción Permanente (BPP), que el Estado entrega a través de concesiones forestales que deben cumplir con requisitos legales y técnicos.

Teóricamente, no es posible otorgar títulos de propiedad en los BPP si han sido concesionados y si no se demuestra la posesión pacífica, continua y pública de las tierras.

La Asociación de Productores Agroforestales Ambientalistas y Artesanos del Distrito de Yurúa pugna por obtener los documentos que acrediten la posesión de las tierras solicitando 34.000 hectáreas de bosques, colindantes con Sawawo y superpuestos en parte con tierras solicitadas por otra comunidad nativa, Antami, y con concesiones forestales activas.

Edinson Panayfo, controversial personaje sindicado por diversas fuentes de estar involucrado en tráfico de tierras, lanzó un anuncio radial en ciudades de Ucayali y Junín, convocando a sumarse a su asociación y ocupar las tierras aledañas a la UC-105.

LA PUNTA DEL ICEBERG

Las 34.000 hectáreas solicitadas por Panayfo son apenas una parte de lo que podría ser una de las mayores afectaciones a bosques tropicales en Ucayali.

La ONG Asociación ProPurús estimó que el daño en 7 años a la biodiversidad y a los bosques alcanzaría las 300.000 hectáreas, degradadas por taladores, agricultores y otros ocupantes.

Adicionalmente, la expansión del narcotráfico es una plaga en estos momentos en gran parte de Ucayali y en otras zonas de la Amazonía.

“Estamos viviendo un segundo boom del narcotráfico en el Perú y ahora regiones como Loreto, Madre de Dios y Ucayali son las ideales para producir y trasladar las drogas cocaínicas hacia el nuevo gran mercado: Brasil. Desde ese país, se traslada la droga hacia Europa. Adicionalmente, Brasil está empezando a convertirse en un gran consumidor de coca”, asegura Rubén Vargas, especialista en narcotráfico.

Marcial Pezo, a cargo de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali, es enfático. “Este es un problema que nosotros (…) como Gobierno regional, no podemos enfrentar solos. Se requiere la intervención del Gobierno central”.

Pero mientras los compromisos oficiales contra la deforestación son ratificados en eventos internacionales, la construcción de carreteras ilegales que terminan siendo incorporadas al sistema nacional bajo la política de los “hechos cumplidos”, la paralización de las labores de titulación de tierras indígenas y el fomento de actividades extractivas y megaproyectos en la Amazonía continúan.

UN CONFLICTO QUE DEJA VÍCTIMAS

Este disloque entre discurso y realidad es un conflicto constante. Y como todo conflicto, tiene bajas.

Berlin Diques, líder de una de las organizaciones indígenas regionales más activas, la ORAU, ha sido amenazado por traficantes de tierras, por narcotraficantes, por mineros ilegales.

“Estamos defendiendo nuestro derecho, nuestras tierras, nuestras vidas. No vamos a permitir que destruyan los bosques. Los pueblos indígenas somos los primeros en defender los bosques, pero los últimos en ser consultados en qué se hará con ellos”, asegura.

Diques, Jamer López, Herlin Odicio y una larga lista de líderes han sido amenazados o han sobrevivido a atentados. Solo durante la pandemia, 8 indígenas han sido asesinados por defender sus territorios y rechazar al narcotráfico.

“Si nos toca morir, moriremos, pero la historia, nuestras (futuras) generaciones sabrán que morimos por defenderlos a ellos, a nuestros bosques, a nuestro legado…”, dice con emoción contenida Ranin Coshi, el nombre shipibo de López, miembro de la directiva de ORAU.

Y con el ingreso de JS a Sawawo, nuevas amenazas aparecieron: un comunero se salvó de ser asesinado por otro que está a favor de la carretera y los dirigentes de la federación Aconadiysh casi fueron linchados en Puerto Breu por personas instigadas por la empresa.

¿PROGRESO O DESTRUCCIÓN?

JS dice construir la UC-105 en beneficio de la población. Una carretera bien hecha, que cumpla con los requisitos legales, ayudaría a una zona tan aislada como Yurúa, pero la forma como se está gestando solo ocasionaría destrucción de los bosques y desintegración social, según los comuneros.

Problemas sociales que ya aparecieron en Nueva Italia, donde arranca la vía y convertida en un enclave del narcotráfico: prostitución y trabajo infantil, proliferación de bares y otros negocios.

En el cercano Bolognesi y en la misma Nueva Italia han aprendido a evadir los riesgos y las postas médicas suspendieron el servicio nocturno tras el ajuste de cuentas entre pandillas que puso en riesgo a quienes atendían a heridos de bandas criminales.

En el distrito de Tahuanía, donde están Bolognesi y Nueva Italia, las muertes por covid-19 llegan apenas a 4, mientras que los asesinatos por armas de fuego, según una enfermera, superan los 8. El escaso personal policial, 6 oficiales, no alcanza para proteger a más de 9.000 pobladores.

“¿Qué vamos a hacer 5 o 6 policías contra eso? Ni buen armamento tenemos… Si los enfrentamos, ¿quién nos defiende a nosotros?”, afirmó uno de los agentes.

La gestión del presidente Pedro Castillo, un profesor de escuela y líder sindicalista, ha generado serios cuestionamientos, entre otras por el aparente cambio en la política antidrogas, que pone en duda si continuará o no la erradicación de los cultivos ilegales.

Además, el reciente acercamiento entre Castillo y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con el objetivo de promover la integración fronteriza mediante, precisamente, la construcción de nuevas vías, ha encendido las alarmas de la comunidad ambientalista y las organizaciones indígenas.

En próximos días, las comunidades nativas de la frontera con Brasil se reunirán para ver si cambian la forma como enfrentan estas amenazas. Como dijo un líder indígena brasileño, cuando las palabras no son escuchadas, hay que dejar que hablen las flechas. El Gobierno peruano tiene ahora la última palabra. EFE

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Este reportaje hace parte de la redifusión acordada bajo la alianza estratégica establecida entre Amazon Rainforest Journalism Fund del Centro Pulitzer y la Agencia Efe.

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