La CIJ estudia las obligaciones de Israel hacia organizaciones humanitarias en Palestina

Imane Rachidi

La Haya, 27 abr (EFE).- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) escuchará desde mañana y hasta el viernes los argumentos de casi 40 países sobre las obligaciones de Israel con relación a la presencia y las actividades de Naciones Unidas, otras organizaciones y Estados en el territorio palestino ocupado, incluida la agencia de ayuda a los refugiados palestinos, UNRWA, antes de emitir su opinión consultiva a petición de la ONU.

Serán Naciones Unidas, como organización, y Palestina, como Estado, quienes abran las audiencias este lunes a partir de las 10.00 hora local (08.00 GMT), y está previsto que a lo largo de la semana intervengan países como Colombia, Bolivia, Chile, España, Estados Unidos, Rusia, Francia, México, Panamá, Reino Unido, y organizaciones como la Liga Árabe.

La Asamblea General de Naciones Unidas solicitó el pasado diciembre a la CIJ que emitiera, con carácter prioritario y con la máxima urgencia, una opinión legal no vinculante contestando a una pregunta relacionada con el rol de Israel respecto a organismos internacionales.

“¿Cuáles son las obligaciones de Israel, como potencia ocupante y como miembro de Naciones Unidas, en relación con la presencia y actividades de Naciones Unidas, incluidos sus organismos y entidades, otras organizaciones internacionales y terceros Estados, en y con respecto al territorio palestino ocupado?”, preguntó la Asamblea.

Además, entre esas obligaciones incluyó “garantizar y facilitar el suministro sin obstáculos de ayuda urgentemente necesaria, esencial para la supervivencia de la población civil palestina, así como los servicios básicos y la asistencia humanitaria y para el desarrollo, en beneficio de la población civil palestina y en apoyo al derecho del pueblo palestino a la autodeterminación”.

Dado el bloqueo israelí, territorios como Gaza dependen mayormente de la ayuda humanitaria de otros países y organizaciones, pero Israel obstruye también el acceso a Gaza de camiones cargados con alimentos, medicamentos o tiendas de campaña. Antes de esta guerra, entraban de media unos 500 camiones diarios (ya insuficientes para las organizaciones en el terreno).

Además, Israel prohibió el año pasado a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), que presta servicios sociales a millones de palestinos, operar en territorio israelí, una prohibición que a su vez redujo severamente sus actividades en Gaza y Cisjordania ocupada, dada la dependencia de coordinación con las autoridades israelíes.

Ocupación «ilegal»

En otra opinión consultiva el año pasado, la CIJ consideró que las políticas de asentamientos israelíes “violan el derecho internacional” y la «presencia continua» de Israel en Palestina es «ilegal”, por lo que le exigió la “evacuación de todos los colonos”, el “desmantelamiento” del muro de separación, y la devolución de tierras a sus residentes originales desplazados desde 1967.

La CIJ, máximo órgano judicial de la ONU, no tiene herramientas para hacer cumplir sus decisiones, por lo que depende de la voluntad de los países de respetar el derecho internacional. Tampoco juzga individuos, su función se centra en la resolución de disputas entre Estados, y la emisión de opiniones consultivas solicitadas por la Asamblea General.

En el caso que escuchará esta semana, la CIJ deberá tener en cuenta las normas y principios del derecho internacional, así como las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos.

También deberá basar su opinión en las otras dos opiniones consultivas emitidas en 2004 y 2024, en las que la Corte reafirmó “el deber de una potencia ocupante de administrar el territorio ocupado en beneficio de la población local” y afirmó que Israel “no tiene derecho a ejercer soberanía ni poderes soberanos sobre ninguna parte” del territorio ocupado.

La Embajada Palestina en La Haya recuerda que estas audiencias se van a llevar a cabo “mientras los palestinos en Gaza siguen siendo víctimas del hambre y los bombardeos por parte de la ocupación israelí, la cual no ha permitido la entrada de alimentos, agua, medicinas y otra ayuda humanitaria desde el 2 de marzo”.

Además, advirtió de que “el hambre y la ayuda humanitaria están siendo utilizadas como armas, ya que Israel también intensifica sus ataques sistemáticos contra organizaciones internacionales y trabajadores humanitarios, especialmente en Gaza”.

La Corte Penal Internacional (CPI), que sí juzga individuos, emitió en noviembre dos órdenes de arresto, una contra el primer ministro Israel, Benjamín Netanyahu, y otra contra su exministro de Defensa Yoav Gallant, como “responsables penalmente” de “los crímenes de guerra de uso del hambre como método de guerra y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”.

“Ambos privaron intencionadamente a la población civil de Gaza de bienes indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicinas, combustible y electricidad, entre octubre de 2023 y mayo de 2024. Este bloqueo tuvo graves consecuencias, incluida la muerte de civiles, incluidos niños, debido a la desnutrición y la deshidratación”, añadió la CPI. EFE

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