La covid-19 dejó sin salidas a las víctimas de violencia de género en Kenia

Nairobi, 21 sep (EFE).- La violencia contra las mujeres y las niñas creció en Kenia a causa de las restricciones por la covid-19, que dejaron a las víctimas sin recursos ni un lugar a donde huir al tiempo que el Gobierno no les dio una respuesta efectiva, denunció hoy la organización Human Rights Watch (HRW).

«Me vi obligada a quedarme en mi casa cuando me enfrentaba a la violencia porque no tenía a dónde ir», dijo la superviviente Amelia A. en una de las entrevistas que la organización realizó para el informe «No tenía a dónde ir: violencia contra mujeres y niñas durante la pandemia de covid-19 en Kenia», publicado hoy.

Las 13 supervivientes entrevistadas relataron abusos sexuales, palizas, haber sido expulsadas de sus casas, matrimonio infantil y mutilación genital femenina.

Según datos de la ONG Healthcare Assistance Kenya, que trabaja con supervivientes de violencia de género en el país y gestiona -junto con el Gobierno keniano- una línea telefónica de atención a víctimas, las llamados crecieron un 301 % durante las dos primeras semanas del confinamiento impuesto entre marzo y abril de 2020.

La mayoría de las mujeres no denunciaron estas violaciones de sus derechos ante las autoridades pensando que no recibirían ayuda o se verían forzadas a sobornar a los agentes de policía, algo que su situación socioeconómica no les permite.

En este sentido, las que sí optaron por denunciar, según el informe, se toparon con «respuestas inadecuadas por parte de las fuerzas del orden y un acceso inadecuado a los servicios legales y de salud», así como una falta casi total del apoyo financiero necesario para huir de sus casas, donde se producían los abusos.

En tres casos que sí llegaron a los tribunales, los fiscales no informaron bien a las supervivientes, que acabaron no pudiendo participar en las sesiones virtuales (por las restricciones a la presencialidad) de sus propios juicios.

SIN AYUDA ECONÓMICA

Si bien el Gobierno de Kenia lanzó un programa de transferencia de dinero para dar apoyo financiero a la población, HRW ya denunció en julio que la iniciativa se vio empañada por la corrupción y el nepotismo y que sólo un número reducido de familias se beneficiaron de ella.

Además, este programa no tuvo un foco especial en las víctimas de violencia de género, de modo que apenas ayudó a las supervivientes.

Los perpetradores de estos abusos eran a menudo familiares próximos -en muchos casos, sus maridos- pero abandonar sus hogares se hizo incluso más complicado para las víctimas a causa de la brutal imposición del toque de queda por parte de la Policía.

En este sentido, según datos de mayo pasado de la ONG keniana Unidad Medicolegal Independiente (IMLU), al menos 26 personas han muerto en el país por un uso excesivo de la fuerza por la Policía en la imposición de las restricciones por la covid-19.

Además, los refugios para las víctimas de violencia machista, ya de por sí escasos y con pocos recursos, se vieron obligados a reducir su personal al no ser considerados trabajadores esenciales por las autoridades.

Las supervivientes encontraron también dificultades para conseguir atención médica de emergencia, ya que, en muchos casos, se les pedía que pagaran por servicios que debían ser gratuitos en hospitales públicos o las redirigían a clínicas privadas muy costosas.

Kenia afronta actualmente su cuarta ola de la epidemia de covid-19 y ha registrado cerca de 250.000 casos, de los que casi 5.000 acabaron en fallecimientos. EFE

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