La ley israelí para los colonos será recurrida ante el Tribunal Supremo

Un palestino trabaja la tierra en Hebrón, Cisjordania, mientras al fondo se ve el asentamiento judío de Kiryat Arba, el 7 de febrero de 2017 afp_tickers

Dos organizaciones de defensa de los derechos humanos interpusieron este miércoles un primer recurso para hacer anular la ley que permite que Israel se apropie de cientos de hectáreas de tierra en la Cisjordania ocupada.

La presentación de este recurso ante la Corte Suprema israelí marca el inicio de una etapa capital para el futuro de esta ley, que escandaliza a palestinos e indigna a la comunidad internacional.

«El Parlamento israelí no puede adoptar una ley que transgrede los principios constitucionales. Pensamos que esta ley no es constitucional», declaró Suhad Bishara, abogada de Adalah, una ONG que aporta asistencia jurídica a los palestinos y que recurrió junto al Centro de Ayuda Legal y de los Derechos Humanos de Jerusalén (JLAC) a la Corte Suprema.

Las dos organizaciones representan a 17 consejos locales palestinos de Cisjordania en las tierras de los cuales han sido construidas colonias afectadas por la nueva ley, según Bishara.

La ley adoptada el lunes permite que Israel expropie, mediante compensación, a propietarios palestinos de tierras privadas situadas en la Cisjordania ocupada y en las que colonos israelíes han construido sin la autorización oficial israelí.

El nuevo texto busca legalizar las llamadas colonias «salvajes», es decir, no reconocidas por el derecho israelí, y evitar su demolición por decisión judicial.

Sus promotores quieren evitar que se reproduzca la situación de la semana pasada cuando cientos de policías tuvieron que evacuar por la fuerza a los 200 o 300 residentes de la colonia Amona.

Israel diferencia entre las colonias reconocidas y las «salvajes», pero Cisjordania es un territorio ocupado por Israel desde 1967 y para el derecho internacional todos los asentamientos son ilegales.

Los palestinos y los defensores de su causa denunciaron una ley que legaliza el «robo» de las tierras.

Una gran parte de la comunidad internacional considera la colonización como un obstáculo para alcanzar la paz entre israelíes y palestinos y se alarma de que Israel haya ampliado por primera vez su jurisdicción a tierras palestinas.

Esta ley cruza una «gruesa línea roja» hacia la anexión de Cisjordania, advierte el coordinador de la ONU para el proceso de paz, Nickolay Mladenov. Esta anexión es reclamada por varios ministros israelíes.

– «Justicia equitativa» –

La administración estadounidense sigue en silencio sobre esta ley, última medida hasta ahora en la frenética actividad israelí en torno a las colonias tras la investidura de Donald Trump.

Mientras que, de Londres a El Cairo, se alzaban protestas contra el texto, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, se limitó a recordar la reunión prevista el 15 de febrero entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y Trump.

Ante el estupor internacional, la viceministra de Relaciones Exteriores, Tzipi Hotovely, reiteró la convicción de un gran número de partidarios del texto para los cuales Cisjordania Este, según la Biblia, pertenece a Israel.

«El postulado de estas críticas contra Israel es que estamos en una tierra palestina. Este postulado es incorrecto. Israel tiene derechos históricos y legales en esta tierra», afirmó.

Protegiendo a los colonos de la expulsión y compensando a los propietarios de las tierras, la ley «instaura una justicia equitativa entre palestinos y familias judías», según ella.

Netanyahu pasó de oponerse a la ley a respaldarla. Está sometido a la presión del grupo de los colonos y de sus rivales dentro del gobierno, con quien se disputa el electorado de derecha, ante unas posibles elecciones legislativas anticipadas.

El primer ministro también sabe que la ley tendrá problemas para superar el escollo de la Corte Suprema. Varios expertos, incluyendo el fiscal general Avichai Mandelblit, advirtieron que el texto no pasaría el examen constitucional.