La mendicidad infantil crece en Grecia, entre redes de explotación y la inacción política

Diego Sáez Papachristou

Atenas, 13 nov (EFE).- Los alegres ritmos que se imponen al ruido del tráfico en la céntrica avenida de Ermú, en Atenas, tienen un origen poco feliz: decenas de niños, sobre todo búlgaros y rumanos, que piden limosna tocando acordeones y tambores, forzados por sus propios padres o por redes criminales de explotación infantil.

«La forma de explotación infantil que más se denuncia a través de nuestra línea SOS es la mendicidad. Niños que son obligados, junto con un adulto o solos, a pedir dinero en la calle», denuncia a EFE Stavrula Spiropulu, psicóloga de la ONG ‘La sonrisa del niño’.

Tan sólo en el primer semestre de 2024 esta organización informó a las autoridades sobre 571 casos de mendicidad infantil en Grecia, un 40 % más que en el mismo período de 2023.

«Con frecuencia estos niños son explotados por redes criminales que tienen estrategias para que no sean localizados por las autoridades», cuenta Spiropulu.

Niños de hasta dos años

Irini Topsí, científica social de la ONG ‘ARSIS- Organización Social para el Apoyo de los Jóvenes’, sale a diario a las calles de Atenas para localizar a víctimas de trata de personas, en el marco de un proyecto financiado por la Unión Europea (UE) y el Ministerio griego de Migración y Asilo que se realiza en Grecia, Bulgaria y Rumanía.

«Principalmente, encontramos niños de entre 2 y 17 años que mendigan en vías céntricas de Atenas, que están ahí todos los días. No están en la escuela, han sido excluidos de la educación y esencialmente se están violando sus derechos», resalta Topsí.

El principal objetivo es localizar a posibles víctimas de trata de personas provenientes de Bulgaria o Rumanía, los países más pobres de la Unión Europea, para brindarles apoyo, en cooperación con el Centro Nacional de Solidaridad Social de Grecia (EKKA).

Con todo, los trabajadores encuentran también con frecuencia a niños de Grecia, muchos de etnia gitana, un país que sigue recuperándose de la grave crisis financiera y económica que estalló en 2009.

«Tras localizar a un niño, nos acercamos, le damos algo de comer o algo que vemos que necesita, ropa o un abrigo, tratamos de hablar con él, conseguir que confíe en nosotros», indica Topsí.

«Después examinamos el contexto familiar y social para aplicar un plan de intervención personalizado y un apoyo integral», añade la científica.

El problema, denuncia Spiropulu, es que las autoridades no suelen tratar estos temas como delitos de trata de personas sino como casos de incitación a la mendicidad, un delito menor por el que es difícil iniciar un proceso de retirada de custodia a los padres.

Así, en muchas ocasiones las autoridades no entrar a investigar las circunstancias o los motivos por los que los niños mendigan.

Crisis social no atajada

«La presión que sufrió el sistema de políticas sociales fue muy grande y no se ha recuperado desde la crisis financiera» que hundió a Grecia entre 2010 y 2018, explica por su parte Katerina Putu, cofundadora de ‘ARSIS’.

La experta lamenta que en su país no se hubieran creado fondos para garantizar la cohesión social y evitar que se llegara a una «desigualdad extrema» durante la crisis, una carencia que no se ha atajado.

En la mayoría de los casos, se trata de niños de familias pobres forzados a mendigar en la calle por sus propios progenitores.

No obstante, también «existen indicios de una explotación más sistemática, con una metodología específica detrás», casos que requieren de una mayor investigación por las autoridades, subraya Valantis Papathanasíu, abogado y coordinador del proyecto, que también se realiza en varias ciudades del norte de Grecia.

Inacción de los políticos

Este minucioso trabajo de documentación y supervisión que ARSIS lleva haciendo desde 1998 no ha llevado, sin embargo, a que los responsables políticos, tanto en el Gobierno central como en la administración local, se hagan cargo de la situación, se lamenta Putu.

Papathanasíu señala que «se podrían mejorar muchas cosas», desde el propio marco jurídico respecto a la trata de personas y el número de estructuras estatales que acogen niños, «que al parecer no son suficientes», hasta los reflejos que muestra el Estado, las autoridades y la sociedad ante estos casos. EFE

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