La ONU condena la «casi absoluta» impunidad de las desapariciones en México

Eduard Ribas i Admetlla

Ciudad de México, 26 nov (EFE).- El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas hizo una dura valoración preliminar en la que arremetió contra las autoridades mexicanas por incumplir recomendaciones internacionales y condenó que «la impunidad es casi absoluta» en los casos de desaparecidos, al concluir este viernes su visita a México.

«Se trata de una impunidad estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas», criticó Carmen Rosa Villa, una de las integrantes del Comité, en una rueda de prensa en la capital mexicana para poner fin a su visita.

Tras años intentando visitar México, una delegación de cuatro miembros del Comité llegó el pasado 15 de noviembre al país, donde han visitado 13 de los 32 estados mexicanos, mantenido 48 reuniones con autoridades de distintos niveles y sostenido 33 encuentros con familiares de víctimas.

Esta visita se realizó porque México atraviesa una severa crisis de desapariciones forzadas, agravada desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2007.

El país acumula más de 95.000 desaparecidos no localizados, de los cuales cerca de un centenar desaparecieron durante los días en que estuvo el Comité en México.

IMPUNIDAD Y CRIMEN ORGANIZADO

Aunque dicho Comité deberá presentar entre marzo y abril del próximo año un informe sobre su visita, Villa ya adelantó graves preocupaciones que subyacen de su recorrido.

Destacó que «varias de las recomendaciones formuladas por el Comité a México en 2015 y 2018 aún están pendientes de implementación», muchas relacionadas con el combate a la impunidad.

«Lamentamos constatar que se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio del Estado, frente a la cual, tal y como venimos señalando desde 2015, imperan la impunidad y la revictimización», señaló.

Criticó la «ineficacia» en la investigación de estos crímenes, denunció la «discrecionalidad» de las Fiscalías para asumir las pesquisas y que generalmente son las familias de los desaparecidos quienes se encargan de «investigar y aportar pruebas».

Lamentó también las «ínfimas» cifras de denuncias, órdenes de captura ejecutadas y sentencias emitidas, y criticó que el Gobierno no «ha atendido las causas profundas de las desapariciones».

«El enfoque de seguridad que se ha adoptado no solo es insuficiente, sino además es inadecuado», reprochó.

Además, el Comité sale de México con «información preocupante» sobre la existencia de desapariciones forzadas en las que hubo «connivencia» entre autoridades y el crimen organizado, o incluso desapariciones forzadas «cometidas directamente por agentes del Estado».

Preguntada por ello, Villa aseguró que se trata de autoridades tanto del nivel municipal, estatal como federal.

«Las personas con las que conversamos nos transmitieron una imagen de una sociedad superada por el fenómeno de las desapariciones», resumió.

APERTURA DEL GOBIERNO

Esta es la primera visita oficial que el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas y la venía solicitando desde 2013 ante la falta de voluntad del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reconoció en agosto del año pasado la competencia del Comité para estudiar las desapariciones en México, lo que abrió la puerta a su visita al país.

Pese al duro análisis de la situación que atraviesa México, los miembros del Comité aplaudieron que el Gobierno «haya aceptado esta visita, lo cual constituye una clara expresión de la apertura del Estado al escrutinio y al apoyo internacionales».

Villa reconoció la reciente creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer las desapariciones cometidas por el Estado entre 1965 y 1990, además de la adopción de mecanismos de búsqueda de migrantes que desaparecen en México.

También aplaudió los protocolos para la búsqueda de niños y adolescentes, pues cada vez hay más víctimas jóvenes, y la creación de comisiones estatales de búsqueda.

«Todas estas normas y mecanismos constituyen herramientas con un gran potencial, cuya efectiva implementación debe ser prioritaria», reivindicó. EFE

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