La ONU pide que cese la criminalización de líderes sociales en Perú

Ginebra, 18 may (EFE).- Una relatora de la ONU sobre derechos humanos pidió hoy al Gobierno peruano que ponga fin a la criminalización de los defensores de las comunidades y del medio ambiente tras la condena a tres dirigentes que lideraban movimientos sociales contra proyectos mineros.En una declaración emitida desde Ginebra, la relatora encargada de hacer el seguimiento de los ataques contra los activistas sociales en el mundo, Mary Lawlor, dijo que el Estado peruano también debe garantizar que el Poder Judicial no sea utilizado para silenciar a los líderes sociales.La Corte Suprema de Perú, la máxima instancia judicial el país, confirmó recientemente una sentencia de diez años de prisión contra César Estrada Chuquilín, defensor medioambiental y del derecho a la tierra. Según información reunida por el Observatorio de la Organización Mundial Contra la Tortura, que opera desde Ginebra, Estrada era víctima de acoso, seguimiento y amenazas desde 2014, a raíz de su oposición al proyecto minero Conga en el departamento de Cajamarca (norte del país).»Estrada es periodista, defensor de derechos humanos y ha denunciado los desalojos forzados, el hostigamiento a la población y los daños medioambientales causados por una mina de oro y cobre a cielo abierto propiedad de (la compañía minera) Yanacocha», precisó por su parte Lawlor.El activista fue condenado por presunta extorsión a un contratista de esa empresa y la Justicia rechazó su apelación.La relatora de la ONU denunció igualmente los casos de los activistas Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos y Jesús Mariano Cornejo Reynoso, condenados en primera instancia a 12 y 7 años de prisión, respectivamente, por «entorpecimiento de los servicios públicos».Asimismo, se les acusó de haber incitado a un revuelta para expresar rechazo al proyecto minero «Tía María», explotado por Southern Peru Copper Corporation, en el departamento sureño de Arequipa. «Es preocupante que delitos como la extorsión, el entorpecimiento de servicios públicos y motín, que conllevan penas de más de 10 años de prisión, se utilicen para desacreditar a los defensores de los derechos humanos, especialmente a los que se oponen a los grandes proyectos mineros y a su impacto en el medio ambiente y en los derechos de las comunidades afectadas», señaló Lawlor.La situación de Estrada había sido expuesta por el anterior relator Michel Forst durante una visita que realizó a Perú el año pasado, cuando habló del grave riesgo que enfrentan quienes trabajan en la protección de la tierra, de los recursos naturales y de los derechos de los pueblos indígenas.Lawlor dijo que a pesar de los esfuerzos del gobierno, «las amenazas, los ataques y la criminalización continúan», en particular en Cajamarca y Arequipa. La experta dijo estar en contacto con las autoridades peruanas en relación a estos casos.Su llamamiento fue secundado por el relator de la ONU sobre los derechos de reunión pacífica y asociación, y por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. EFEis/fp

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