La otra ‘vice’ de Noboa y candidato inhabilitado, polémicas que marcan comicios en Ecuador
Susana Madera
Quito, 3 feb (EFE).- El camino hacia las elecciones de este domingo en Ecuador ha estado marcado por polémicas decisiones como la inhabilitación del candidato presidencial Jan Topic y la renuencia del presidente, Daniel Noboa, a delegar las funciones presidenciales durante la campaña electoral en la vicepresidenta Verónica Abad, con quien mantiene un enconado enfrentamiento.
A menos de siete días para la votación, la Corte Constitucional de Ecuador todavía tiene pendiente comunicar su fallo ante la demanda de inconstitucionalidad presentada por Abad contra los decretos de Noboa que nombraron a una «vicepresidenta encargada» para confiar en ella la jefatura del Estado por periodos de hasta cuatro días en los que él ha hecho campaña para buscar su reelección.
El pulso que Noboa y Abad mantienen desde la segunda vuelta de las elecciones extraordinarias de 2023 -sin explicación pública-, se ha agudizado y enredado entre demandas por violencia política de género, suspensiones del cargo y decretos presidenciales que el gobernante ha emitido para mantener alejada a quien le acompañó en la papeleta electoral.
La normativa electoral indica que cualquier autoridad que busque presentarse a la reelección inmediata debe tomar licencia de su cargo durante todo el periodo de campaña electoral, algo que Noboa no ha hecho al «ausentarse» únicamente en días puntuales, mientras que en otros ha seguido ejerciendo de jefe de Estado.
Para el ministro de Gobierno, José De la Gasca, «no es obligatorio» que Noboa pida licencia, pues considera que no se configura como una reelección inmediata al no haber sido elegido en 2023 para un periodo completo, sino para culminar el mandato (2021-2025) que no completó el expresidente Guillermo Lasso (2021-2023).
¿Dos vicepresidentas?
También la Constitución señala que la vicepresidenta debe sustituir al presidente en caso de ausencia, pero para ello Noboa nombró por decreto como «vicepresidenta encargada» a la secretaria de Administración Pública y Gabinete de la Presidencia Cynthia Gellibert, en quien ha delegado las funciones presidenciales.
Sin embargo, en sus decretos Noboa argumenta que cualquiera que ejerza la Vicepresidencia puede recibir temporalmente la jefatura del Estado, y no necesariamente la persona que ha sido elegida por votación popular para desempeñar ese rol.
Abad ha calificado esto como un «golpe de Estado» y ha hecho un llamamiento a la Organización de Estados Americanos (OEA) para aplicar la Carta Democrática Interamericana al considerar que se ha roto el orden constitucional y que de ninguna forma hay dos vicepresidentas en el país.
La vicepresidenta también ha acusado a Noboa de mantener una «actitud dictatorial» y liderar un presunto acoso contra ella para forzarla a dimitir, con acciones como enviarla de embajadora a Israel y luego imponerle una suspensión de cinco meses que posteriormente fue anulada por una jueza que ordenó su restitución en el cargo.
«Interpretaciones al antojo»
Para el analista político Santiago Basabe, la interpretación de la Constitución y las leyes, «al antojo o según los intereses, es una constante en el país», pero el que Noboa no haya pedido licencia es «una violación más notoria que las otras; es mayúscula pero, observada en el contexto general, es parte de un problema estructural que tiene el país».
Y si bien esta acción de Noboa puede tener consecuencias como la suspensión de sus derechos políticos por dos años, Basabe cree que eso, finalmente, no ocurrirá.
Para el analista, el pulso Noboa-Abad es «espasmódico, sube y baja de intensidad», pero es «uno más de otros temas» en el camino a las elecciones, dijo a EFE al recordar, por ejemplo, la inhabilitación del exlegionario y empresario especialista en seguridad Jan Topic.
Topic, que se presentaba por segunda vez como candidato a la Presidencia, fue inhabilitado por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por presunto conflicto de intereses en eventuales contratos de sus empresas con municipios.
Para su dictamen, el TCE se basó en un «informe confidencial» de la administración tributaria, según señaló uno de sus jueces. El empresario, que podía volverse un serio competidor de Noboa, reclamó intervención de la OEA y señaló directamente al jefe de Estado de su inhabilitación, al considerar que su candidatura ponía en riesgo su eventual reelección.
Y en medio de estas controversias, la reacción popular no ha pasado más allá de las redes sociales, el resto de candidatos apenas ha buscado acciones y a la autoridad electoral se le ha reclamado una mayor intervención ante las interpretaciones que han abonado el polémico camino a los comicios. EFE
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