La presidenta de Poder Judicial de Perú puede ser suspendida o destituida, alerta abogado

Lima, 14 feb (EFE).- La presidenta del Poder Judicial de Perú, Janet Tello, puede ser suspendida o destituida del cargo que asumió en enero pasado si procede una denuncia que ha sido presentada en su contra, y de otros cuatro jueces supremos, ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de la Judicatura peruana, alertó este viernes su abogado.

El letrado Luciano López anunció en un comunicado que asumirá la defensa de Tello y enfatizó que la magistrada aún no ha recibido una notificación formal de la JNJ, pero «rechaza el cargo de haber emitido una resolución judicial con base a una norma derogada».

López manifestó su preocupación porque el procedimiento «pueda ser tramitado por una vía sumaria» que, según señaló, «está reservada para casos de flagrancia o de actuaciones de suma gravedad sancionadas con suspensión y/o destitución».

La JNJ confirmó este viernes en un comunicado que Tello y otros cuatros magistrados fueron denunciados en noviembre pasado por un ciudadano identificado como Julio Ramón Cadenillas Díaz, por lo que se les ha abierto un proceso disciplinario.

Aunque no precisó los fundamentos de la denuncia, la junta añadió que el proceso contra los jueces es «por su actuación funcional» como integrantes de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema en 2024.

Después de que medios locales adelantaran la información este jueves, Tello emitió un comunicado en el que sostuvo que «resulta preocupante que el referido procedimiento haya sido dispuesto bajo un trámite célere (rápido), reservado para casos de suma gravedad».

La presidenta del Poder Judicial también dejó «constancia de que, de confirmarse la información en el actual contexto político, esa decisión no abona al fortalecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a la independencia del criterio» de los jueces.

Desde que asumió el máximo cargo del Poder Judicial, Tello ha criticado declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, así como iniciativas y leyes aprobadas por el Congreso y el Ejecutivo que, en su opinión, afectan la labor de los jueces y la lucha contra la criminalidad.

En su comunicado de este viernes, la JNJ señaló, al respecto, que «reafirma que en todos los procedimientos disciplinarios que lleva a cabo, se actúa con el más absoluto respeto al debido proceso y al derecho de defensa de todos los administrados».

También sostuvo que es «respetuosa de la independencia de la función jurisdiccional», pero que tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial indican que «los jueces están sujetos a un control por sus actuaciones jurisdiccionales».

«La JNJ reitera su compromiso con la defensa de las instituciones democráticas y con el fortalecimiento del Estado de derecho, asegurando que todas las acciones que emprende se desarrollen conforme a la ley, la justicia y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos», concluyó. EFE

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