La SIP alerta sobre criminalización judicial y amenazas contra periodistas en Paraguay

Miami (EE.UU.), 19 abr (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó en un documento difundido este viernes sobre los «casos de criminalización judicial en contra del ejercicio periodístico» en Paraguay y las amenazas que enfrentan reporteros y comunicadores a raíz de sus denuncias durante su labor. En su informe de mitad de año sobre el estado de la libertad de prensa en las América, el organismo mencionó igualmente que «varios fiscales y abogados exigieron conocer la identidad de los periodistas que publicaron información sobre el expresidente Horacio Cartes (2013-2018)». La publicación alude a una ampliación de denuncia solicitada por Cartes en octubre de 2023, después de una inicial que presentó en julio del año pasado, sobre una presunta «persecución» en su contra. El gobernante, a través de su abogado, Pedro Ovelar, advirtió entonces sobre un «plan urdido desde órganos del Gobierno anterior» y de «medios de prensa afines» a esa estrategia. Además, la SIP refiere que los fiscales Aldo Cantero, Rodrigo Estigarribia, y Daniela Benítez solicitaron a los diarios paraguayos ABC Color y Última Hora copias certificadas de artículos difundidos en 2022 y las identidades de los periodistas encargados de su redacción, como parte de una investigación en un proceso por presunta denuncia falsa. Por otra parte, el análisis alertó sobre el «posible uso indebido» de la Ley 5777/16 de protección a la mujer contra toda forma de violencia. Esa norma ha sido denunciada por gremios de periodistas y reporteros gráficos como una «herramienta de censura» a través de «medidas de protección» invocadas por funcionarias frente a publicaciones en su contra. Al respecto, se refiere a casos que involucran a periodistas como Mabel Portillo, Alfredo Guachiré y Letizia Medina, al considerar que «alertan sobre el riesgo del empleo del Derecho Penal como mecanismo de amedrentamiento y censura indirecta». Portillo, recogió el documento, fue «censurada por segunda vez por vía judicial» por sus publicaciones sobre la administración de la intendenta de la localidad Yataity (centro), Gloria Duarte, quien la denunció por violencia contra la mujer. De igual forma, la SIP hizo mención a los casos de amenazas contra periodistas. En específico, se refirió a la situación del periodista Vicente Godoy, que recibió amenazas de muerte en octubre de 2023 tras denunciar irregularidades en contra de un exintendente de la localidad de Horqueta (norte). Godoy inició trámites de asilo. Otros periodistas, como Jorge Daniel Romero y Hernán Victorio González, de la página Info Salto y el programa El Debate, de Radio 100.5 FM de Salto del Guairá, en el departamento de Canindeyú (norte), dijeron ser víctimas de amenazas de muerte de las que responsabilizan al alcalde local y su entorno. En la misma localidad, el periodista Juan Alcaraz, de la página digital SdG Noticias de Salto del Guairá, denunció amenazas de muerte que atribuyó a sus denuncias sobre los manejos por parte de concejales locales. También la SIP llamó la atención sobre el hecho de que la Policía y el Ministerio Público no han realizado «los análisis de la evidencia» del asesinato del periodista Alex Álvarez, ocurrido el 13 de febrero de 2023 en la localidad de Pedro Juan Caballero (norte), fronteriza con Brasil. EFE nva/lb/cpy