La «teoría de los dos demonios» resucita tras 40 años de democracia en Argentina

Augusto Morel

Buenos Aires, 19 oct (EFE).- El mismo año que Argentina cumplirá 40 años de democracia ininterrumpida tras la última dictadura militar (1976-1983) y que el Museo Sitio de Memoria Esma es considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco se desquebraja el consenso social en materia de derechos humanos para tratar de resucitar la vieja «teoría de los dos demonios».

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, ha mantenido e incentivado una postura negacionista respecto a la cifra de desaparecidos durante el gobierno de facto, que organizaciones de derechos humanos sitúan en 30.000.

Para el ultraliberal, favorito a ocupar la Casa Rosada (sede del Ejecutivo), los desaparecidos fueron 8.753 y fruto de la «guerra» que se libró en la década de 1970, en la que las Fuerzas Armadas cometieron «crímenes», pero «también los terroristas mataron gente, torturaron, pusieron bombas y cometieron delitos de lesa humanidad».

Lo que Milei intenta resucitar es la teoría que apaciguaba los delitos de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas, como parte del terrorismo de Estado, como equivalentes a los actos de violencia llevados adelante por organizaciones guerrilleras de esa época como Montoneros (izquierda peronista) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP, ultraizquierda comunista).

Ese argumento fue empleado durante la Presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989) para definir una guerra civil y defender un frente militar que todavía seguía activo en ese momento y presentaba una real amenaza a la recién recuperada y endeble democracia que iniciaba los juicios a las Juntas.

La candidata a la Vicepresidencia por LLA, Victoria Villarruel, muy cercana al ámbito castrense, se encargó de organizar recientemente un homenaje a las víctimas de la guerrilla de izquierda y reclamó juzgar los actos terroristas.

Villarruel considera que el país vive «en un relato eterno», ocultando a organizaciones armadas que “atacaron” a argentinos y extranjeros por igual, para imponer un “Estado autoritario y comunista” y que durante 40 años esas víctimas fueron desaparecidas de la memoria.

La hija del fallecido teniente coronel Eduardo Marcelo Villarruel, quien participó en el denominado Operativo Independencia, desplegado en 1975 y considerado el inicio de la represión, además de asumir eventualmente como vicepresidenta el 10 de diciembre, se encargaría de las competencias en seguridad y defensa aumentándoles su presupuesto del 0,6 % del PBI al 2 %.

Los liberales buscaron poner en jaque uno de los pocos «acuerdos básicos» que perduran en la Argentina democrática, en un momento en el cual las Fuerzas Armadas gozan de cierta imagen positiva frente a los partidos políticos, según un estudio de opinión pública revelado por la consultora Poliarquía el mes pasado.

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

Entre 1976 y 1983 la Junta militar argentina llevó adelante el llamado Proceso de Reorganización Nacional, un eufemismo para intervenir todas las dependencias democráticas del Estado y generar un control burocrático de corte autoritario sobre la ciudadanía.

Este ‘proceso’ encubría actos de terrorismo de Estado y se encargó de combatir ‘subversivos’, personas afiliadas o cercanas a partidos políticos de izquierda, peronistas y guerrilleros. Durante esa época, estudiantes, trabajadores, sindicalistas, docentes y militantes políticos junto a opositores eran desaparecidos sin juicio o acusación previa.

La ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) funcionó como el centro clandestino de detención más grande del país, donde pocos lograban sobrevivir a los métodos de tortura empleados. Los desaparecidos eran asesinados y sus cadáveres lanzados a fosas comunes o eran arrojados vivos al mar.

Algunos todavía hoy día siguen en paradero desconocido.

«Aquí, la Marina secuestró, torturó y desapareció a más de 5.000 hombres y mujeres. Las graves violaciones a los derechos humanos, el plan sistemático de robo de niños nacidos en cautiverio y el exterminio de prisioneros que eran arrojados vivos al mar durante los llamados vuelos de la muerte, hacen de este edificio un símbolo del genocidio que tuvo lugar en el país», describió la Unesco al reconocer a este siniestro lugar como patrimonio.

La organización Abuelas de Plaza de Mayo estima que 500 bebés fueron robados a sus progenitores por la dictadura, de los que por el momento 133 nietos fueron recuperados e identificados; en muchos casos sus madres dieron a luz en centros clandestinos y los recién nacidos entregados a familias militares.

Argentina condenó a 1.189 personas por crímenes de lesa humanidad cometidos en esa época y es uno de los países ejemplares en el mundo a la hora de impulsar políticas de memoria y de derechos humanos. EFE aam/cmm/ar

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