La violencia sexual como arma de guerra en la RDC, el horror que sufren miles de mujeres

Paula García-Ajofrín

Nairobi/Kinsasa, 6 mar (EFE).- Durante décadas, los grupos armados y fuerzas militares de la República Democrática del Congo (RDC) han utilizado sistemáticamente la violencia sexual como arma de guerra, sobre todo en las provincias orientales del país, donde la violación se ha convertido en una condena silenciosa para miles de víctimas, que no sólo sufren profundas consecuencias físicas y psicológicas, sino también el estigma de sus propias familias y comunidades.

“Hay muchas historias que nos marcan. Un día vino una víctima; la habían violado a ella y a su bebé, y luego mataron a su marido y a sus hijos delante de ella”, cuenta Daddy, matrona de Médicos Sin Fronteras (MSF).

Su testimonio, que se recoge en el último informe sobre violencia sexual publicado por esta organización humanitaria, da voz a una realidad profundamente arraigada en la RDC, que cada año suma más víctimas y supervivientes.

“A otra víctima la obligaron a mantener relaciones sexuales con un miembro de su familia. También vemos niñas menores de 10 años con los genitales destrozados”, añade Daddy.

En 2023, MSF, en colaboración con el Ministerio de Salud Pública de la RDC, atendió a 25.166 mujeres víctimas de violencia sexual (más de dos pacientes cada hora) en todo el país, el 91 % en la provincia de Kivu del Norte, en el noreste.

Es la cifra más alta jamás registrada por MSF en la RDC, aunque la organización advierte de que la de 2024 será aún mayor. Solo entre enero y mayo de ese año, atendieron a 17.363 víctimas en Kivu del Norte.

“Debemos considerar la violencia sexual como una emergencia médica importante en la RDC, especialmente en las provincias del este afectadas por conflictos, como son Kivu del Norte, Kivu del Sur, Ituri o Maniema”, explica a EFE María Simón, responsable adjunta de operaciones en África Central de MSF.

Conflicto y violencia sexual

La creciente espiral de violencia en el este del país, impulsada por la ofensiva del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), ha generado una grave crisis humanitaria que ha hecho sonar las alarmas por el posible aumento de la violencia sexual y la dificultad para hacerle frente.

Desde finales de enero, el M23 ha avanzado hasta tomar Goma, capital de Kivu del Norte, y Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur, sumiendo a la población en una situación de extrema vulnerabilidad.

Durante la toma de Goma, al menos 163 mujeres, reclusas de la cárcel central de la ciudad, fueron violadas y quemadas vivas en una fuga masiva de presos.

En solo una semana, se denunciaron casi 500 casos de violencia sexual en esta urbe y sus alrededores, más de 150 de ellos contra menores, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

“Es probable que esta cifra represente sólo una parte de las supervivientes reales, las que consiguieron recibir atención, pero habrá muchas más que no pudieron hacerlo por la interrupción de los servicios, el miedo a las represalias o a la estigmatización”, advirtió el UNFPA.

Campos de desplazados, epicentro de violencia

Desde principios de año, la oleada de violencia ha obligado a más de 400.000 congoleños, principalmente mujeres y niños, a abandonar sus hogares e instalarse en campos de desplazados, lo que ha agravado su vulnerabilidad a la explotación y la violencia.

“Sabemos por testimonios que estos ataques tienen lugar en los propios campos de desplazados internos, pero también cerca de ellos, cuando las mujeres y las niñas salen a recoger leña, agua o van al campo”, explica Simón a EFE.

Las condiciones de vida en estos campamentos son especialmente duras para las mujeres, y aún más para aquellas que están solas. La falta de instalaciones sanitarias y hogares seguros las expone a un riesgo todavía mayor de sufrir violencia sexual, reclutamiento forzoso y esclavitud sexual por parte de bandas armadas.

“A veces, los hombres se despiertan en mitad de la noche y cortan la lona con una navaja para violar a las mujeres que viven solas”, cuenta Henriette, trabajadora comunitaria de MSF.

Estigma social

“Las mujeres víctimas de violencia sexual sufren el estigma en sus comunidades y, a menudo, en sus propias familias”, afirma Simón. Para muchas, la dura realidad de las violaciones puede verse como “un doble castigo”: primero, el abuso; después, el rechazo.

“Después de que me atacaran, los conocidos de mi marido le aconsejaron que me abandonara, y ahora vivo sola con mis cuatro hijos”, comparte María, una joven embarazada atendida por MSF.

Según la fundación Panzi, cuyo hospital en Bukavu fue fundado por el premio Nobel de la Paz Denis Mukwege, la violencia sexual deja un impacto “brutal” en las mujeres que va mucho más allá de las lesiones físicas inmediatas, como heridas graves, infecciones y embarazos no deseados.

Las supervivientes enfrentan secuelas psicológicas duraderas, como trastorno del estrés postraumático, depresión y ansiedad.

Para combatir esta lacra, Simón incide en la necesidad de aumentar la inversión en la prevención de la violencia sexual, así como la mejora de los servicios de atención integral de las víctimas, clave en el tratamiento y recuperación.

Sin embargo, la escalada del conflicto y las dificultades para acceder a las zonas más afectadas agravan una crisis cuya verdadera magnitud sigue sin quedar reflejada en las cifras oficiales, por alarmantes que sean. EFE

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