Las 5 claves de las polémicas elecciones judiciales que están en riesgo en Bolivia

Esteban Biba

La Paz, 17 oct (EFE).- Las polémicas elecciones judiciales en Bolivia están en riesgo de no celebrarse, debido a dos amparos presentados por personas que fueron inhabilitadas como candidatos a estos comicios, que ya fueron aplazados un año por retrasos en la Asamblea Legislativa, ya que debían realizarse en diciembre de 2023.

La prórroga de mandato en las altas cortes bolivianas causó el descontento de la oposición y de los seguidores del exmandatario Evo Morales (2006-2019) y líder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), que bloquearon carreteras en el país a principios de año por 10 días para que los magistrados renunciaran, cosa que no ocurrió.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que de no realizarse dichas elecciones el Estado boliviano podría perder 55 millones de bolivianos, unos 8 millones de dólares, presupuestados para los comicios.

Aquí 5 claves sobre el polémico proceso de los comicios judiciales que deben efectuarse el próximo 1 de diciembre:

1. «Un golpe a la democracia»

«Un golpe a la democracia», fue como calificó el vocal del TSE Francisco Vargas la decisión tomada el martes de dos salas constitucionales de declarar «desiertas» las convocatorias para elegir a los jueces de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ) y Constitucional Plurinacional (TCP).

Las resoluciones de las salas de la regiones amazónicas de Beni y Pando ponen en vilo las elecciones a menos de dos meses de sus realización y sus fallos fueron emitidos a instancias de candidatos inhabilitados.

El juez Charles Mejía, de la Sala Constitucional del Beni, fue quien emitió uno de los fallos. Él intentó ser candidato a las nuevas cortes, pero fue descartado en un primer filtro por la Asamblea.

«Quien habla está ligado al proceso electoral en los últimos diez años y nunca había visto que un proceso electoral tenga tantas trabas», manifestó Vargas.

2. Prórroga para evitar «un vacío de poder»

Los magistrados actuales fueron elegidos en 2017, terminaron su mandato a principios de 2024, pero tras varios retrasos por parte de la Asamblea Legislativa para cumplir con la preselección, los comicios fueron atrasados.

Ante esto, los magistrados del Tribunal Constitucional extendieron su propio mandato y el de las otras cortes, alegando que así evitaban un «vacío de poder».

3. Descontento y bloqueos

La oposición y el exgobernante Morales, quien esta peleado con el presidente Luis Arce, calificaron la acción de prolongar el mandato como una «autoprórroga» y un golpe al poder Judicial.

En enero los seguidores de Morales realizaron 10 días de fuertes bloqueos de carreteras en todo el país, exigiendo que los magistrados renunciaran y que se pusiera en marcha el proceso de elecciones.

Al final los magistrados no renunciaron, pero el Parlamento reanudó la preselección de candidatos y se convocaron las elecciones para diciembre de este año.

4. Preocupación de la comunidad internacional

Tras la prórroga de funciones de las cortes bolivianas, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Independencia de los Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, expresó su «preocupación».

“La conducción de elecciones judiciales es uno de los elementos clave para asegurar la independencia e imparcialidad de la justicia en Bolivia”, indicó en su momento Satterthwaite.

Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró en diferentes ocasiones su «preocupación» por el proceso electoral y llamó a Bolivia a «garantizar» los comicios judiciales.

5. Voto popular y voto nulo

Las elecciones judiciales por voto popular fueron promulgadas en la Constitución boliviana vigente desde 2009 y el mandato de los jueces elegidos es de seis años.

Las cortes que se eligen son el TSJ, el TCP, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

En los comicios judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del gobernante MAS.

Según el Electoral, este año hay unas 7,8 millones de personas habilitadas para votar el próximo 1 de diciembre.EFE

eb/gb/ajs