Las ejecuciones de extranjeros, otra de las zonas opacas de China

Pekín, 20 mar (EFE).- La ejecución de cuatro ciudadanos canadienses en China a principios de este año y conocida ahora pone de relieve el extremo secretismo con el que se maneja la pena capital en el país asiático, un secreto de Estado que se extiende también a los casos de extranjeros sentenciados a muerte.

El número exacto de condenas de este tipo ejecutadas sobre ciudadanos de otros países se desconoce, al igual que la cifra total de ejecuciones que lleva a cabo China anualmente, tal y como denuncian en sus informes periódicos diversas organizaciones humanitarias.

De hecho, en el caso de los extranjeros lo habitual es que sean sus países de origen -desde el mismo país o a través de su embajada en Pekín- los que dan a conocer las condenas o ejecuciones de sus nacionales, hechos que rara vez aparecen publicados en los medios chinos, todos bajo control estatal.

Así ha ocurrido con este último caso, que ha salido a la luz a través de la ministra canadiense de Exteriores, Mélanie Joly, quien el miércoles informó de la ejecución y la condenó.

Las cuatro personas ejecutadas habían sido condenadas a la pena capital por un delito de tráfico de drogas, la causa más habitual de encarcelamiento de extranjeros en el país asiático, que mantiene una estricta política de tolerancia cero hacia el consumo y venta de estupefacientes.

La legislación china establece que las personas sorprendidas haciendo contrabando, vendiendo, transportando o produciendo más de un kilo de opio o más de 50 gramos de metanfetaminas o heroína pueden ser sentenciadas a pena de muerte o a un mínimo de 15 años en prisión.

Las que sí se publican

El Informe Global sobre Condenas a Muerte y Ejecuciones de Amnistía Internacional correspondiente a 2023 -publicado en 2024- denuncia que China fue el país del mundo que más personas ejecutó en ese año, “pero mantuvo las cifras en secreto”.

Las ejecuciones de las que sí se hacen eco los medios oficiales suelen estar relacionadas con casos de perfil destacado, bien porque involucran a dirigentes o empresarios de alto nivel acusados de corrupción o bien porque se trata de asuntos que en su día conmocionaron a la sociedad china, a menudo relacionados con tráfico de mujeres y niños, asesinatos o pederastia.

De hecho, Amnistía considera que las escasas publicaciones sobre pena capital o ejecuciones tienen fines ejemplarizantes “para transmitir el mensaje de que no se van a tolerar ni la delincuencia ni la disidencia”.

“Aunque China sigue sin hacer pública ninguna cifra sobre la pena de muerte, la información disponible señala que en China se condena a muerte y ejecuta cada año a miles de personas”, sostiene la organización, que en 2009 dejó de publicar sus cifras estimadas al considerar que Pekín las tergiversaba posteriormente.

Esta opacidad se incrementó a partir de julio de 2021, cuando el Tribunal Supremo Popular modificó su sitio web y redujo en varios millones el número de sentencias publicadas ‘online’ anualmente, de acuerdo con Amnistía. EFE

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