Comjib firma en Chile manifiesto por mejor acceso a Justicia en Latinoamérica

Santiago de Chile, 14 ene (EFE).- La Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos (Comjib) firmó este viernes en la chilena ciudad de Valparaíso la Declaración Iberoamericana por el acceso a la Justicia que busca mejorar la transparencia y la fiscalidad en América Latina tras la pandemia.

«El acceso a la Justicia no solamente es un derecho fundamental, sino que también constituye una de las bases para la exigibilidad de los demás derechos humanos», afirmó la secretaria general adjunta de la Comjib, Paola Jhon Martínez, durante el evento.

El manifiesto se firmó en el marco del encuentro «Pactos políticos y sociales para una nueva América Latina», que se extendió del 12 al 14 de enero en el litoral central de Chile y que organiza Eurosocial+, programa insigne de cooperación de la Unión Europea con América Latina.

«Debemos construir pactos para fortalecer la cohesión social y promover la igualdad», expresó por su parte la secretaria de Estado de Cooperación Internacional en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Pilar Cancela, que participó de forma virtual.

Para lograrlo, agregó, es «fundamental» fortalecer la gobernanza y las instituciones, mejorar la política fiscal y promover el acceso a la Justicia y a la información.

En la cita, que se celebró de forma presencial y virtual, también participaron el embajador de la Unión Europea en Chile, León de la Torre; la directora de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, Anna Terrón, y el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp.

Entre los principales compromisos de la declaración destacan mejorar los servicios judiciales, capacitar a los funcionarios de la administración, ampliar el acceso a la información y reducir las oportunidades de corrupción.

Según el manifiesto, esto cobra especial relevancia en el marco de la recuperación tras la pandemia de la covid-19, que en la región deja ya más de 50,2 millones de casos, 1,5 millones de muertes y una caída del PIB del 6,8 % en 2020, la mayor recesión en 120 años.

El documento apunta a que, durante la crisis sanitaria, se intensificaron los episodios de violencia y se multiplicaron los obstáculos para acceder a la Justicia, especialmente para las mujeres.

«Es indispensable que los sistemas de Justicia amplíen de forma suficiente sus capacidades para atender las necesidades excepcionales de grupos en situación de vulnerabilidad», señala el texto.

La declaración fue firmada también por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF).

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