Macrojuicio a los opositores en Túnez: «sin transparencia» y con severas penas de prisión

(Actualiza con información oficial de las condenas)

Túnez, 19 abr (EFE).- El mayor juicio contra opositores, de todo el espectro político, celebrado en Túnez desde la caída del dictador Ben Ali en 2011, con la llamada Primavera Árabe, terminó este sábado con severas condenas de hasta 66 años de prisión.

La defensa calificó el proceso de «farsa», después de que la sentencia se hiciera pública la madrugada del sábado por la sala antiterrorista del Tribunal de Primera Instancia de Túnez, tras solo tres audiencias a puerta cerrada, sin la presencia física de los acusados y con acceso restringido a medios y observadores.

Según la lista oficial publicada a última hora del sábado por la agencia de noticias TAP, 37 de los 40 acusados fueron condenados a penas de prisión y tres retirados del casos después de un recurso de apelación.

La mayoría de las penas en el llamado caso de «complot contra la seguridad del Estado» superan los 13 años -además de una condena de 4 años, dos de 8 y una de 10 años-; y los 15 acusados «fugados» que fueron condenados en rebeldía recibieron 33 años y la ejecución inmediata de la sentencia.

Human Right Watch (HRW) denunció que en el macrojuicio no hubo «mínima muestra de justicia».

La organización revisó las «140 páginas del juez instructor -que permite que el caso sea remitido a juicio-, donde se muestra que estos graves cargos parecen infundados y no basados ​​en ninguna prueba creíble», aseguró la ONG.

HRW alertó esta semana del aumento de las detenciones «arbitrarias» en Túnez, en un contexto en el que se ha «intensificado drásticamente la represión de la disidencia» desde el acaparamiento de poderes del presidente Kais Said en 2021.

Said disolvió el Parlamento en julio de 2021 para «rectificar el curso de la transición democrática», tras una convulsa década, y con una nueva Constitución de corte presidencialista fue reelegido en las elecciones de 2024 con más de un 70% de abstención.

Políticos, empresarios y activistas

Entre los condenados se encuentra el empresario Kamel Eltaief con la mayor pena de cárcel, 66 años; el político Khayam Turki, con pasaporte español como hijo de exiliada, a 48 años, y el exdirigente del partido Ennahdha, Noureddine Bhiri, a 43 años.

El dirigente de la coalición opositora Frente Nacional de Salvación (FNS), Ahmed Nejib Chebbi, recibió una pena de 18 años, la misma que su hermano Issam, quien permanece en prisión preventiva, así como el constitucionalista, Jawhar Ben Mbarek, detenido desde febrero de 2023, por encima de los 14 meses que permite la ley.

El intelectual francés Bernard-Henri Lévym, refugiado en Francia, fue uno de los 15 acusados condenados en rebeldía a 33 años.

La oposición tildó el juicio de «kafkiano» y «políticamente motivado».

Falta de transparencia

El Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT) denunció que el proceso tuvo lugar con una «opacidad» sin precedentes.

«Este lugar pertenece legítimamente a los periodistas, incluso en tiempos de Ben Ali. Nunca se actuó así. Hoy se ha vuelto prohibido acceder a los juicios para transmitir lo que ocurre. Es el final de toda transparencia. Impedir actuar a la prensa es pisotear el derecho a un juicio justo», declaró el colectivo en un comunicado.

El abogado Samir Dilou señaló que la defensa presentó documentación que demuestra que varios acusados tienen recursos de casación aún pendientes: «Lo ocurrido es un escándalo jurídico: veredictos dictados sin audiencia, sin contradicción, sin defensa», afirmó.

El magistrado jubilado Samir Ben Abdelrahmane, expresidente de la Cámara de Apelación del Tribunal Administrativo, aseguró a EFE haber leído íntegramente el expediente de instrucción y dijo que está «jurídicamente vacío» y responde a un montaje político.

«No hay crimen, ni prueba material, ni acto que constituya una infracción según el derecho. Se han utilizado testigos anónimos, procedimientos irregulares y elementos ridículos como un supuesto testigo XXX”, declaró el masgistrado.

Para Ben Abdelrahmane, el proceso busca «atemorizar a la población, liquidar la clase política, silenciar el periodismo independiente y destruir lo que queda de democracia».

«La ruptura es total. Ya ni siquiera se intenta convencer a la opinión o a los observadores extranjeros», consideró el letrado.

La Liga Tunecina de Derechos Humanos (LTDH) advirtió que estas condenas representan «un grave retroceso en los derechos constitucionales» y denunció el uso del poder judicial como «instrumento de represión política».

Mientras, la sociedad civil tunecina reacciona con preocupación, los equipos de defensa preparan apelaciones y llaman a la comunidad internacional a vigilar un proceso que, según sus palabras, marca un punto de inflexión en la historia democrática del país, clave en la orilla sur del Mediterráneo. EFE

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