Marruecos rechaza «acusaciones mentirosas» sobre espionaje a periodistas

Rabat, 19 jul (EFE).- El gobierno de Marruecos dijo hoy que «rechaza categóricamente las acusaciones mentirosas y desprovistas de fundamento» contenidas en el informe publicado hoy de forma coordinada por varios medios europeos y estadounidenses sobre el espionaje a periodistas y otras personalidades por parte de varios gobiernos, incluido el marroquí.

En un comunicado difundido por la agencia nacional MAP, el gobierno asegura que Marruecos «es un Estado de derecho, que garantiza el carácter secreto de las comunicaciones personales», cuyas leyes y mecanismos judiciales «garantizan la protección de datos de carácter personal y la ciberseguridad a los ciudadanos y residentes extranjeros en el país».

«De ninguna forma se autoriza, por imperativo constitucional, acceder o publicar total o parcialmente el contenido de comunicaciones personales, ni utilizarlas contra nadie salvo por orden del poder judicial (que es) independiente», añade el comunicado, y precisa además que el gobierno «nunca adquirió programas informáticos para infiltrase en aparatos de comunicación, ni las autoridades han recurrido jamás a este tipo de actos».

Según el informe hecho público hoy, los servicios secretos marroquíes -además de otros países como México, India, Hungría o Arabia Saudí- tuvieron acceso a los teléfonos de más de 10.000 personas gracias al programa Pegasus desarrollado por la compañía israelí NSO.

Entre las personas concretamente espiadas por los servicios marroquíes, se citan los casos del reportero local Omar Radi -juzgado actualmente en un tribunal de Casablanca-, y otros colegas suyos como Ali Amar, Omar Brouksy o Hamid el Hamdaoui; pero además el informe asegura que los servicios marroquíes espiaron a los periodistas franceses Edwyn Plenel y Lenaïg Bredoux y al español Ignacio Cembrero.

En su comunicado, el gobierno marroquí asegura que el informe parte de «prejuicios», y «desafía al colectivo (de medios de comunicación), como ya hizo con Amnistía Internacional, a que aporten pruebas realistas y científicas que puedan ser objeto de una verificación y contraverificación profesionales, imparciales e independientes», y finalmente dice que «se reserva el derecho a tomar las medidas que considere apropiadas» por este informe que «trata de atentar contra la imagen del país y sus logros en el ámbito de las libertades y derechos fundamentales». EFE

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