Misión de OCDE expresa preocupación sobre la independencia fiscal y judicial en Perú

Lima, 23 ene (EFE).- Una misión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) visitó esta semana Perú y expresó su preocupación por la independencia fiscal y judicial en el país andino, además de señalar que recientes reformas reducen la capacidad de investigar casos de soborno.

A través de un comunicado, el organismo explicó que decidió enviar una misión de alto nivel especializada en soborno o cohecho a Lima el 21 y 22 de enero para reunirse con altos funcionarios para tratar estas cuestiones.

«El grupo de trabajo de la OCDE sobre soborno ha expresado su preocupación por acontecimientos que podrían poner en peligro la independencia judicial y procesal en Perú durante reuniones con altos funcionarios peruanos de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo», indicó la información difundida.

La misión estuvo encabezada por la presidenta del grupo de trabajo, Kathleen Roussel, quien destacó la disposición de los funcionarios de los tres poderes de reunirse con el equipo para discutir sus «serias preocupaciones».

La OCDE destacó que desde 2023, algunos fiscales del Equipo Especial Lava Jato, una unidad anticorrupción establecida en 2016 para coordinar las investigaciones de Perú sobre sobornos vinculados al caso Lava Jato de Brasil, «han sido objeto de procedimientos disciplinarios e investigaciones judiciales mientras continuaban ocupando sus cargos y desempeñaban sus funciones».

Alertó de que también desde 2023, se han introducido iniciativas para inhabilitar a ciertos miembros de la Junta Nacional de Justicia, el máximo órgano de la judicatura, y nombró la propuesta legislativa para reemplazar esta institución por una Escuela Nacional de Magistrados.

«Esta propuesta debe evaluarse cuidadosamente para evitar posibles impactos sobre la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos de nombramiento y disciplinamiento de jueces y fiscales», agregó.

Subrayó que recientes reformas al marco legal de Perú en materia de acuerdos de cooperación y decomiso de activos «podrían socavar la capacidad de los fiscales para perseguir a los responsables de actos de corrupción».

«Estos acontecimientos generan preocupación sobre la capacidad de investigar casos de soborno internacional, como lo exige la Convención para combatir el soborno de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales», sostuvo el grupo de trabajo.

Por otro lado, reconoció que Perú ha logrado grandes avances en la lucha contra la corrupción, como el lanzamiento de varias investigaciones de corrupción de alto perfil en los últimos años contra altos funcionarios.

«Para mantener este impulso, es esencial que Perú tome medidas proactivas para proteger a los fiscales y jueces de la interferencia política», concluyó.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, manifestó en una rueda de prensa este miércoles que el país está en el camino correcto y que si hubiera algo que mejorar, «será bienvenido el aporte».

«El grupo de trabajo ha venido a verificar si efectivamente existe o no independencia y autonomía de los actores del sistema de justicia y, como habrán podido ver, ellos han tenido la capacidad de conversar libremente», dijo el ministro. EFE

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