Nauru acogerá a tres inmigrantes que Australia no pudo expulsar por orden judicial

Bangkok, 16 feb (EFE).- El Gobierno australiano anunció este domingo que Nauru acogerá a tres inmigrantes, con antecedentes penales por delitos graves, que Australia tuvo que liberar después de que una orden judicial determinara en 2023 que sus deportaciones a sus naciones de origen eran inviables.

«Cuando alguien viene y trata a los australianos de una manera que demuestra un carácter atroz, sus visas se cancelan, y cuando sus visas se cancelan, deberían irse», dijo en un comunicado el ministro de Interior e Inmigración, Tony Burke.

El ministro señaló que Nauru emitió el sábado visas de reasentamiento para estas tres personas, lo que permitió a las autoridades australianas cancelar las suyas y trasladar a los inmigrantes a un centro donde aguardarán hasta ser expulsados.

«El Gobierno prevé que este acuerdo con Nauru pueda ser impugnado en los tribunales australianos», adelantó Burke, quien confía en que la decisión sea válida gracias a las leyes aprobadas el pasado noviembre y que confieren al gobierno amplios poderes en materia de inmigración y abrió la puerta a que Camberra pueda pagar a otros países para que acepten migrantes.

Los detalles del pacto entre ambos países se desconocen, pero en una rueda de prensa posterior Burke admitió que existe un «coste para llegar a acuerdos con terceros países», sin mayor aclaración.

Estos tres inmigrantes forman parte del grupo conocido como NZYQ, que fueron liberados en 2023 de los centros de detención para migrantes después de que el Tribunal Supremo estimara que su deportación era inviable y, por tanto, se exponían a una privación de libertad indefinida.

La histórica decisión decidió la suerte de NZYQ, un hombre rohinyá -una etnia birmania no reconocida por las autoridades de su país-, que se enfrentaba a la posibilidad de ser detenido de por vida porque ningún país había aceptado reubicarlo tras cumplir en Australia una condena de 10 años de prisión por delitos sexuales contra menores.

Según información oficial, entre estos inmigrantes entonces liberados: 12 cumplieron condenas por asesinato o intento de asesinato, 66 por delitos sexuales, 97 por asalto y 15 por violencia doméstica, entre otros delitos.

Desde entonces, las autoridades han tratado de imponer controles de vigilancia sobre este grupo, pero se toparon una y otra vez con la justicia, lo que impulsó la última reforma legislativa que amplió los poderes en inmigración del Ejecutivo.

En el pasado Australia ya mantuvo una férrea política contra la inmigración indocumentada, en la que destacan los centros de procesamiento de inmigrantes en países terceros, como Nauru o Papúa Nueva Guinea, que fueron criticados por Naciones Unidas y que estuvieron por última vez en funcionamiento entre 2013 y 2019. EFE

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