Nicaragua bajo escrutinio internacional tras informe de expertos de la ONU, según ONG

San José, 27 feb (EFE).- El Estado nicaragüense y altos cargos quedaron expuestos a enfrentar la justicia internacional con el último informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, que instó a la comunidad internacional demandar al país centroamericano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por privar de la nacionalidad a nicaragüenses.

Esa es una de las conclusiones a las que llegó este jueves el abogado nicaragüense Juan Carlos Arce, de la ONG Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, quien hizo una valoración a EFE sobre el alcance de ese informe, que provocó que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo se retiraran del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

«El Grupo de Expertos termina, con este informe, de configurar la estructura represiva utilizada por el régimen nicaragüense a partir de 2018, termina de ponerle nombre y apellido a las instituciones y a las personas que participaron en la represión. Esto será de vital importancia para lo referido a las responsabilidades individuales», explicó.

En procesos penales, ya sean nacionales o internacionales, lo que se persigue son las responsabilidades individuales, y en todos los informes de los expertos de la ONU, además de señalar a instituciones, «también se señala a personas que estaban a cargo de esas instituciones tan importantes como el Ejército de Nicaragua», anotó el activista.

En su dosier, el Grupo de la ONU afirmó haber obtenido «información creíble» de que el Ejército nicaragüense «participó activamente en la represión de las manifestaciones» que estallaron en abril de 2018, «utilizando armas letales, en coordinación con la policía y grupos armados progubernamentales», y que «cometió ejecuciones extrajudiciales».

El Ejército, dirigido desde 2010 por el exguerrillero Julio César Avilés, proporcionó armamento a la Policía y a grupos armados progubernamentales, llevó a cabo operaciones de inteligencia, y entrenó a personal civil, incluido sandinistas, jóvenes marginados y funcionarios públicos, para reprimir las manifestaciones, según el expediente presentado en Ginebra.

¿Quién acusará al Estado de Nicaragua?

Para el letrado nicaragüense que reside en el exilio, ese señalamiento se convierte en un «aporte importantísimo para los procesos de justicia» que se pueden promover.

En ese sentido, Arce destacó que el Grupo de la ONU hizo una serie de recomendaciones a los demás países «para que abran procesos de Justicia internacional» contra el Estado de Nicaragua y los altos cargos identificados.

«Iincluso recomiendan (acudir a) la Corte Internacional de Justicia por todo lo que tiene que ver por la violación a la Convención sobre Apatridia», anotó.

El activista dijo que los expertos también hablaron de la posibilidad de que se pueda recurrir a la Corte Penal Internacional, «que en los últimos años ha creado jurisprudencia importante, que plantea que la Corte puede ir más allá de los Estados que la han suscrito y ratificado», aunque Nicaragua no sea parte.

«Recordemos que Nicaragua no es parte de la Corte Penal Internacional, sin embargo la jurisprudencia que se ha creado en los últimos años en esa instancia permiten la persecución a Estados que no forman parte de la Corte Penal», sostuvo.

El abogado dijo, además, que los Estados tienen obligaciones en materia de jurisdicción universal.

«Es decir que en este momento la pelota está en la cancha de los Estados. Son los Estados lo que deberían de recurrir en búsqueda de investigación y de sanción a los responsables de crímenes de lesa humanidad» en Nicaragua, consideró.

Por primera vez, los expertos lograron reunir evidencia que muestra que el Ejército participó junto con la Policía y grupos paraestatales en la represión contra las protestas masivas de 2018, que dejaron más de 300 muertos, una implicación que hasta el momento había negado.EFE

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