Parlamento de Nicaragua anula la observación electoral en una reforma de ley

Managua, 4 may (EFE).- La Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento) aprobó este martes unas controvertidas reformas a la Ley Electoral, propuesta por los sandinistas, que establecen inhibiciones de candidatos, anulan la observación electoral, y dejan el control de los comicios de noviembre en manos del oficialismo.

En esas elecciones presidenciales, el actual presidente, Daniel Ortega, busca su tercera reelección consecutiva.

Las reformas a la Ley Electoral fueron aprobadas con 85 votos a favor de los diputados sandinistas y sus aliados, que tienen mayoría absoluta en el Congreso, frente a cuatro que votaron en contra.

Entre los votos a favor se contaron además 12 de los 14 del opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC), señalado por otros grupos disidentes de ser «colaborador» del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

«CONTRARREFORMA» ELECTORAL

Las reformas crearon controversia desde el momento en que fueron propuestas por el FSLN, el pasado 12 de abril, debido a que van, según sus críticos, en sentido contrario a la demanda realizada en octubre pasado por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Este organismo solicitó a Nicaragua crear las condiciones, a más tardar en mayo de 2021, para que las elecciones del 7 de noviembre próximo sean «creíbles».

La enmienda electoral es considerada por la oposición como una herramienta para un posible «fraude» a favor de la reelección del presidente Ortega en los comicios de noviembre.

Por ejemplo, en el caso de la observación electoral, que permitía libre acceso a los procesos de elección e informes sobre los hallazgos, esta fue sustituida por el «acompañamiento electoral», que, tal como se viene practicando en las últimas elecciones, no admite libre presencia en los comicios ni la divulgación de los descubrimientos.

Según diferentes organismos y la oposición, esa reforma electoral «profundizará la crisis del sistema electoral», porque, además, inhibe a candidatos que aplaudan las sanciones internacionales contra el presidente Ortega y sus allegados, limita la financiación electoral y restringe derechos constitucionales.

«Pasar las leyes por una aplanadora no es legislar por el pueblo. El intento de reformas no solo desestima las condiciones básicas de la OEA, sino también pasan por encima de esos anhelos de un pueblo, con leyes fabricadas para excluir, vetar a ciudadanos que pudieran causarle ruido a Daniel Ortega», criticó la legisladora Azucena Castillo, del PLC, que votó en contra, pese a que la mayoría de su colectivo lo hizo a favor.

El diputado de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Alejandro Mejía Ferreti, calificó la aprobación de las reformas como «frustrante», debido a que su contenido es excluyente.

«Es fácil venir a decir el mensaje del apocalipsis», señaló, por su lado, el diputado del PLC Miguel Rosales, quien afirmó que el voto a favor de las reformas es «un mensaje de optimismo y de esperanza al pueblo de Nicaragua».

Los diputados sandinistas defendieron las reformas con el argumento de que escucharon «con respeto» a 19 partidos políticos, y aceptaron una serie de recomendaciones del PLC, relacionadas con el uso de nuevas tecnología, equidad de género o el reembolso de gastos electorales sin restricciones.

DESOYEN A OPOSICIÓN Y A EE.UU.

La semana pasada, un grupo de organismos solicitó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, «más presión» para que exigiera al Gobierno de Ortega la aprobación de reformas electorales para garantizar unas «elecciones libres y justas».

También la elección de magistrados electorales que garanticen el respeto a la voluntad popular.

En la víspera, la subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU., Julie Chung, instó al presidente Ortega y a los diputados sandinistas a aprovechar la discusión de la reforma electoral para «hacer el sistema electoral más creíble».

Las próximas elecciones serán cruciales, ya que marcarán el fin o la continuidad de la primacía casi absoluta de Ortega sobre la política nicaragüense en los últimos 42 años, que incluyen la guerra civil de la década de 1980 a 1990, y la crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018.EFE

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