Nueva condena de prisión para el candidato a las presidenciales de Túnez Ayachi Zammel

Túnez, 25 sep (EFE).- La Justicia tunecina condenó de nuevo este miércoles al candidato presidencial Ayachi Zammel, que se encuentra en prisión provisional desde primeros de septiembre, a seis meses de cárcel por un supuesto delito de «uso de certificados falsos».

Una semana antes otro tribunal le sentenció a un año y ocho meses de prisión por «falsificación de patrocinios», necesarios para el registro de candidaturas, aunque de momento se mantiene en la carrera electoral del próximo 6 de octubre. El empresario y exdiputado se enfrenta a una treintena de procesos similares y su equipo de campaña denuncia una operación «orquestada» por el régimen para excluirle de la Presidencia.

En ella compite contra el actual mandatario Kais Said, que se arrogó plenos poderes en 2021 para «preservar la paz social» y aspira a un segundo mandato de cinco años, y el secretario general del panarabista Movimiento Echaab (Pueblo), Zouhir Maghzaoui.

Said nombró unilateralmente la directiva de la instancia electoral en 2022 y desde entonces la institución se encuentra en el punto de mira de oposición y sociedad civil que le acusa de falta de neutralidad, principalmente tras ignorar las decisiones del Tribunal Administrativo, que había ordenado la readmisión de tres aspirantes.

El próximo viernes, el Parlamento debatirá una propuesta urgente para enmendar la ley electoral y transferir la prerrogativa de zanjar litigios electorales al Tribunal de Apelación en lugar del Administrativo. Varias organizaciones han convocado ese mismo día una protesta frente a la cámara para denunciar la injerencia en el proceso electoral.

Túnez, considerada cuna de la Primavera Árabe, afronta desde entonces un retroceso en la transición democrática que inició con el derrocamiento del dictador Zine el Abidine Ben Ali en 2011 y 9,7 millones de ciudadanos están llamados a las urnas.

Destacadas figuras opositoras pero también abogados, empresarios y periodistas se encuentran en prisión provisional desde hace más de un año- pese al límite legal de 14 meses- y ONG de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) alertan del recrudecimiento de la represión mediante cargos infundados e instrumentalización de la Justicia. EFE

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