ONG alemanas denuncian violación de derechos en Guatemala en comercio de aceite de palma

Berlín, 28 feb (EFE).- El Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR) informó este viernes de que ha presentado en nombre de comunidades indígenas en Guatemala una denuncia ante las autoridades alemanas contra la cadena de supermercados EDEKA por no proteger a las poblaciones afectadas en las cadenas de suministro de aceite de palma.

Según la ONG alemana, EDEKA reaccionó de forma inadecuada a una denuncia anterior que planteaba graves acusaciones de violaciones de los derechos humanos y contaminación medioambiental en su cadena de suministro de aceite de palma.

Por este motivo, miembros de las comunidades indígenas afectadas de Guatemala, con el apoyo de ECCHR y foodwatch, otra ONG alemana, presentaron una denuncia en virtud de la Ley de obligación de diligencia en la cadena de suministro (LkSG) ante la Oficina Federal de Asuntos Económicos y Control de las Exportaciones (BAFA).

La BAFA debe determinar si EDEKA ha incumplido sus obligaciones de diligencia debida, en particular al no realizar consultas significativas con los afectados y no poner en marcha medidas correctoras para abordar las violaciones de derechos humanos ocurridas, como apropiación de tierras, salarios bajos y contaminación del agua potable, señala el comunicado.

La ONG sostiene que a pesar de estar informada desde 2019 de las denuncias contra su proveedor guatemalteco NaturAceites, EDEKA no respondió adecuadamente ni con la entrada en vigor de la LkSG, ni a la denuncia presentada en enero de 2024 a través del mecanismo interno de la empresa.

A pesar de que la ley obliga a la empresa a discutir las alegaciones con las comunidades afectadas, «EDEKA no cumplió con su deber de consulta», afirmó Pedro Cuc Pan, miembro de la comunidad de Chapín Abajo.

«En ningún momento la empresa buscó el diálogo con nosotros, a pesar de nuestras reiteradas ofertas de entablar una conversación», añadió.

En concreto, EDEKA se negó a mantener las conversaciones solicitadas por ECCHR en nombre de los afectados, precisa la ONG.

«La LkSG exige a EDEKA que dialogue con quienes se ven afectados negativamente por las actividades en su cadena de suministro», y al negarse a hacerlo «demuestra el incumplimiento de una de sus principales obligaciones de diligencia debida en materia de derechos humanos», señaló Theresa Mockel, asesora legal de ECCHR.

Por su parte, Rauna Bindewald, de foodwatch, subrayó que «las etiquetas de sostenibilidad no eximen a las empresas de sus obligaciones de diligencia debida en materia de derechos humanos», sobre todo cuando desde otra ONG, la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO), que reúne a las partes interesadas del comercio de aceite de palma para velar por una producción sostenible, «existen reiterados informes de graves violaciones de derechos humanos y daños medioambientales por parte de productores certificados».

Así, la RSPO suspendió el año pasado la certificación de NaturAceites en dos de cinco casos debido a las denuncias y actualmente los sellos le han sido revocados por completo. EFE

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