ONG instan a Bangladesh a reabrir las escuelas en los campamentos rohinyás

Dacca, 28 abr (EFE).- Un grupo de 25 organizaciones en favor de los derechos humanos instó este jueves a las autoridades de Bangladesh a reabrir las escuelas comunitarias rohinyá, así como a tomar medidas para la construcción de centros de aprendizaje en los campos de refugiados en el sureste del país.

El cierre de los centros de aprendizaje comunitario en los campos de refugiados «es perjudicial para el desarrollo de la comunidad y una grave violación del derecho de los niños a la educación, que los pone en riesgo de convertirse en una generación perdida», indicaron las organizaciones en un comunicado conjunto.

Las entidades firmantes, entre las que se encuentran Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), denunciaron que desde el pasado diciembre se cerraron o desmantelaron unas 30 escuelas dirigidas por la comunidad rohinyá en los campamentos de Cox’s Bazar, ubicado en el sureste del país y fronterizo con Birmania (Myanmar).

Unos 738.000 rohinyás huyeron a Bangladesh desde agosto de 2017 por la ola de violencia desatada en Birmania, que la ONU calificó de ejemplo de limpieza étnica y un posible genocidio, crímenes de lesa humanidad que investigan los tribunales internacionales.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el 52 por ciento de los 926.561 refugiados que residen actualmente en esos campamentos de Bangladesh son niños y, de acuerdo con el escrito, «se han visto privados del acceso a la educación en un plan de estudios acreditado».

El Gobierno de Bangladesh prometió en enero de 2020 introducir el plan de estudios de la vecina Birmania para unos 10.000 niños refugiados, pero tras los retrasos en la implantación de este programa, la comunidad se prestó a ofrecer clases a sus hijos mediante escuelas comunitarias.

Los refugiados denunciaron que en estos más de dos años de enseñanza comunitaria, algunos maestros fueron arrestados por las autoridades bangladesíes y obligados a firmar un documento para que dejaran de enseñar en los campamentos.

«No es un crimen enseñar a los estudiantes y mostrarles el camino correcto de la vida. Es un derecho humano básico», afirmaron las organizaciones citando a un maestro de esta comunidad minoritaria.

Los grupos de derechos humanos aseguraron disponer de documentos en los que las autoridades amenazan a los rohinyás con confiscar sus tarjetas de identificación de refugiado o con reubicarlos a la remota isla de Bhasan Char, al sur del país, si violaban la prohibición de operar o asistir a escuelas comunitarias.

«Todo lo que quiere la comunidad es la educación formal que será útil para seguir estudiando en Birmania» en el futuro, apuntó un joven rohinyá que pidió el anonimato, según recoge el escrito.

Shamsud Douza, comisionado adjunto de ayuda a los refugiados y repatriación de Bangladesh, aseguró a Efe que la acusación de cierre de las escuelas comunitarias «es completamente falsa».

«No paramos ninguna escuela comunitaria porque aquí no hay ninguna escuela comunitaria. Solo unos pocos centros de entrenamiento estaban cerrados. UNICEF administra instalaciones de aprendizaje comunitarias. Lo que están diciendo es mentira», sentenció. EFE

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