ONG venezolana dice que activista San Miguel no ha recibido atención médica por fractura

Caracas, 18 abr (EFE).- La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón denunció este viernes que la activista Rocío San Miguel -detenida desde febrero de 2024- no ha recibido atención médica por una fractura en el hombro que sufrió desde «hace más de siete meses», lo que, dijo, representa una «grave violación a sus derechos humanos».

«A pesar de la gravedad de esta lesión, no ha recibido atención médica especializada, lo cual pone en riesgo su salud física y emocional, y puede ocasionarle secuelas irreversibles», indicó la ONG en una publicación en X.

Asimismo, sostuvo que este hecho representa una «grave violación» a los derechos humanos de San Miguel, particularmente, añadió, «al derecho a la salud, a la integridad personal y a condiciones dignas de detención, tal como lo establecen los estándares internacionales».

«A esto se suma un retardo procesal inadmisible: su audiencia de juicio ha sido postergada ya cuatro veces, con demoras de casi dos meses entre cada diferimiento», apostilló.

La ONG exigió la liberación «inmediata y sin condiciones» de la activista y presidenta de la ONG Control Ciudadano.

El pasado 31 de marzo, la audiencia de juicio de San Miguel, prevista para ese día, fue diferida por cuarta vez, para el 26 de mayo por «falta de traslado» al juzgado, según dijo a EFE la coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo.

En diciembre pasado, el abogado de San Miguel, Juan González Taguaruco, dijo a EFE que San Miguel sufrió una fractura al caerse como consecuencia de un mareo producido por una laberintitis, que «no fue debidamente atendida» y, desde entonces -aseguró-, «se quejaba del dolor y era tratada con analgésicos».

San Miguel, acusada por la Fiscalía de un supuesto vínculo con una «trama conspirativa» que buscaba «atentar» contra el líder chavista Nicolás Maduro y altos funcionarios del país caribeño, fue detenida el 9 de febrero del año pasado en el aeropuerto internacional de Maiquetía, en la periferia de Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.

Según el fiscal general, Tarek William Saab, San Miguel «entregó información» sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a legaciones de otros tres países que no precisó. EFE

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