Opositores tunecinos acusados de complot contra el Estado exigen un juicio público

Túnez, 27 feb (EFE).- Opositores tunecinos detenidos por el conocido caso de «conspiración contra la seguridad del Estado» exigieron este jueves en una misiva desde la cárcel que el juicio, que comienza el próximo 4 de marzo, sea «público» después de que la Justicia anunciara que testificarán en remoto y estará cerrado a los medios.

Durante un acto celebrado en el Partido Republicano, cuyo líder Issam Chebbi está arrestado, familiares leyeron las cartas escritas por los disidentes, al tiempo que las defensas mostraron su preocupación por el desarrollo de este caso que juzgará la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia de Túnez, especializado en expedientes antiterroristas.

«Nos dirigimos a ustedes desde detrás de las rejas después de que el régimen actual decidió en febrero de 2023 meternos (en la cárcel) sin que hayamos cometido un crimen castigado por la ley penal, sino que nuestro único delito es haber ejercido nuestra plena ciudadanía y nuestro derecho a participar en la vida política, simplemente», expresó en su carta el político Khayam Turki, con nacionalidad española, hijo de la exiliada Elodia Zaragoza.

Como Turki, siete de las 40 implicadas en este caso están en prisión preventiva desde hace dos años.

La coalición opositora Frente de Salvación Nacional (FSN), cuyo destacado líder Jaouher Ben Mbarek también está acusado, consideró que el proceso judicial, constituye un «escándalo legal, político y moral”.

El padre de Ben Mbarek y allegados de Chebbi, del abogado Ridha Belhaj; el exdirigente de Ennahda, Abdelhamid Jelassi y del exdiputado de Ghazi Chaouachi tomaron la palabra hoy en nombre de los detenidos en la prisión de Mornaguia en un simbólico acto.

«Desde hace dos años, (Jaouher) está en prisión por un expediente completamente absurdo y contradictorio. Yo pasé por la misma experiencia, pero fue en otro mundo, en otra época. Fue en los años setenta. También fui acusado de lo mismo, es decir, de complot contra el Estado, difamación y, sin embargo, (Habib) Bourguiba no censuró las audiencias», declaró a EFE su padre Ezzeddine Hazgui, histórico activista.

La investigación penal alcanza a destacadas personalidades, algunas de las cuales escaparon de Túnez y serán juzgadas «in absentia».

«La autoridad quiere confiscar el derecho de oposición encubriéndolo con cargos de terrorismo y conspiración contra la seguridad del Estado para encarcelar a las personas durante largos períodos», denunció el FSN.

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió este mes al Gobierno de Túnez liberar a decenas de personas consideradas opositoras y que se encuentran en detención arbitraria.

Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, denuncian un deterioro de los derechos y libertades conseguidos durante la transición democrática desde que el presidente, Kais Said, se arrogara plenos poderes en 2021 y cambiara el sistema político en el que fue reelegido el año pasado con más del 70% de abstención.

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