Orbán califica de “indignante” la multa millonaria a Hungría por no proteger a inmigrantes

Budapest, 13 jun (EFE).- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, calificó este jueves de “indignante e inaceptable” la multa de 200 millones de euros dictada por el Tribunal de Justicia de la UE por ignorar una condena anterior por violar el Derecho comunitario sobre protección de inmigrantes.

“Parece que los inmigrantes ilegales son más importantes para los burócratas de Bruselas que sus propios ciudadanos europeos”, dijo Orbán en un mensaje en la red social X, en la que afirmó que lo único que hizo Hungría es “proteger las fronteras de la Unión Europea”.

Según el dictamen, Hungría no ejecutó deliberadamente una sentencia de diciembre de 2020 sobre protección internacional de migrantes y le condena por ello a pagar 200 millones de euros y a una multa coercitiva de un millón de euros por cada día de retraso.

El TJUE se refería concretamente a las limitaciones del acceso a los procedimientos de protección internacional con la creación de zonas de tránsito, situadas cerca de la frontera en Hungría y Serbia, donde los solicitantes debían esperar el fin de sus casos.

Hungría también aplica “devoluciones en caliente” hacia terceros países, principalmente Serbia, una práctica criticada tanto por la UE como por ONG humanitarias.

El Gobierno del país centroeuropeo no ha cumplido con la sentencia del TJUE de 2020 que ahora procedió a dictar la multa millonaria al constatar que Hungría no ha adoptado aún las medidas necesarias para la ejecución de ese fallo.

La corte consideró hoy que Hungría vulneró así el principio de cooperación leal entre Estados miembros de la UE, al no aplicar deliberadamente la política común en materia de protección internacional en su conjunto, así como las normas sobre la expulsión de los nacionales de terceros países en situación irregular.

Este comportamiento constituye una amenaza importante para la unidad del Derecho de la Unión que afecta de manera extraordinariamente grave tanto a intereses privados, en particular a los de los solicitantes de asilo, como al interés público, concluyó el TJUE. EFE

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