Organizaciones de derechos humanos critican el proceso de excarcelación realizado en Cuba

La Habana, 11 mar (EFE).- Organizaciones de derechos humanos cubanas e internacionales criticaron este martes el proceso de excarcelación de presos que las autoridades cubanas dieron por concluido la víspera y que estas plataformas consideran opaco, incompleto, injusto y fraudulento.

Las autoridades judiciales cubanas anunciaron que cerraban el proceso menos de dos meses después de que el Ministerio de Exteriores anunciase la decisión de sacar de prisión a 553 personas «sentenciadas por diversos delitos», ldespués de que EE.UU. excluyese de forma temporal a La Habana de la lista de patrocinadores del terrorismo.

Amnistía Internacional (AI) señaló en declaraciones a EFE que este proceso estuvo «lleno de irregularidades», careció de «transparencia estatal» y no ofreció «garantías» a los excarcelados de que «no serán objeto de nuevas detenciones» por disentir.

Human Rights Watch (HRW9 lo caracterizó en declaraciones a EFE de «opaco, arbitrario e injusto».

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) calificó en un comunicado el proceso de «injusto e incompleto» y acusó al Gobierno cubano de falta de transparencia y de pretender «engañar a la comunidad internacional.

Prisoners Defenders (PD) consideró por su parte la iniciativa de «intento de fraude» que, a su juicio, ha sido un «fracaso» porque la sociedad civil y los afectados han «conseguido contrarrestar» la «opacidad» y la «propaganda» gubernamentales.

La plataforma Justicia 11J (J11J) refirió a EFE «falta de transparencia», «opacidad» y «arbitrariedad» en la selección de beneficiados, por lo que consideró que el proceso «no representa un avance real en materia de derechos humanos, sino una maniobra de manipulación política».

Presos comunes

Las oenegés hicieron especial énfasis en el hecho de que más de la mitad de los excarcelados sean reclusos comunes y no presos por motivos políticos. PD cifró en 229 los presos por motivos políticos entre los 553 beneficiados por la excarcelación, mientras que el OCDH habló de 212 personas y J11J contabilizó 202.

Además de la expectativa general de que la medida afectase a los presos por motivos políticos, estaban unas declaraciones de Washington en ese sentido.

Al anunciar que Cuba salía de la lista negra, la Casa Blanca dijo que se trataba de un acuerdo -mediado por el Vaticano- por el que el país caribeño iba a su vez a liberar a muchos presos por las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, las mayores en décadas en la isla.

El Gobierno cubano no reconoce que en sus cárceles haya presos políticos.

El OCDH estima que en las cárceles cubanas quedan «al menos 760 presos políticos». «Ha priorizado la salida de presos por causas comunes, mientras aún permanecen centenares de prisioneros políticos, sobre todo detenidos durante las protestas masivas de 2021 y 2022», indicó en un comunicado.

AI lamentó que las autoridades cubanas no hayan reconocido «la existencia de personas detenidas por razones políticas» y que no se haya publicado una lista de beneficiados por este proceso.

«Insistimos en que las autoridades deben liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas injustamente encarceladas, incluyendo a las personas presas de conciencia como Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo, Loreto Hernández, Roberto Pérez Fonseca o Saylí Navarro», agregó a EFE la investigadora regional de AI Johanna Cilano.

Alertó asimismo de la «extrema vulneración» de derechos que en su opinión sufren los presos por motivos políticos y denunció casos de «acoso, amenazas y detenciones arbitrarias que han sufrido algunas personas excarceladas».

Entre los casos más destacados en este sentido, está la citación que recibió el opositor José Daniel Ferrer y los dos arrestos temporales de Félix Navarro en los últimos dos domingos al salir para ir a misa.

En este mismo sentido, el subdirector para las Américas de HRW, Juan Pappier, insistió a EFE en que «todavía quedan cientos de presos políticos en las cárceles de Cuba» y exigió la «liberación inmediata» de todos ellos.

J11J instó a la comunidad internacional a fiscalizar la lista de beneficiados y exigir que se cumpla el compromiso que el Estado cubano pareció asumir: la excarcelación de personas presas por motivos políticos».

PD, por su parte, se mostró satisfecha de que por «primera vez» el Gobierno cubano no haya obtenido réditos «políticos» o «económicos» por un proceso de excarcelaciones, algo que atribuyó a la «decadencia» y «debilidad del régimen».

Cuba anunció las excarcelaciones el 14 de febrero, horas después de que Washington -en los últimos días de la administración Biden- excluyese a la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo.

El Gobierno cubano mantiene que el proceso fue una medida unilateral y soberana, pero Washington apuntó entonces que se trataba de un acuerdo -exclusión de la lista a cambio de excarcelaciones- mediado por el Vaticano.

Con la llegada a la presidencia de EE. UU. de Donald Trump, Cuba regresó de inmediato a la lista y durante semanas apenas se produjeron excarcelaciones, lo que llevó a algunas ONG a denunciar que el proceso se había pausado. EFE

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