Organizaciones hondureñas presentan recurso contra reforma al Código Penal

Tegucigalpa, 19 nov (EFE).- Organizaciones indígenas, populares y campesinas de Honduras presentaron este viernes una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas que aprobó el Parlamento de su país al Código Penal, que según afirman, amplían el delito de Usurpación».

El Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia, el Bufete Estudios para la Dignidad, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígena de Honduras, la Plataforma Agraria del Bajo Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán presentaron el recurso por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa.

«Estas reformas constituyen un atentando al orden constitucional, a convenciones internacionales en materia de derechos humanos», dijo Víctor Fernández, abogado de las cinco organizaciones, en una rueda de prensa.

Explicó que las organizaciones están «atacando (las reformas) por inconstitucional por la configuración del tipo penal de usurpación, sus agravantes y la institución de un mecanismo de desalojo sumario sin respecto a ninguna garantía para los sectores que estamos en resistencia o desarrollando procesos de recuperación de tierra».

Fernández afirmó que la reforma constituye «un atraco ejecutado entre el sector económico privado, los grandes industriales de las industrias extractivas, los grandes terratenientes y diputados del Congreso Nacional que son parte de una confabulación para apoderarse de los territorios de Honduras y perseguir a la oposición que hacen las organizaciones».

El Parlamento hondureño reformó en octubre pasado una reforma al Código Penal que amplían el delito de usurpación y aumenta la pena de cuatro a seis años de prisión.

La reforma, que entró en vigor el 1 de noviembre, «perjudica» de manera directa las legítimas acciones de resistencia y soberanía comunitaria, indicaron las organizaciones hondureñas en un pronunciamiento.

«La tierra constituye para nosotros un elemento clave para nuestra supervivencia. El derecho al territorio es un derecho colectivo que reconoce la especial relación que tenemos los pueblos indígenas y campesinos con la tierra y los recursos naturales», añaden.

DESIGUAL TENENCIA DE LA TIERRA Y EXPROPIACIÓN

Las organizaciones señalaron que están «luchando y resistiendo en contra de la desigual tenencia de la tierra y la expropiación por despojo, ejecutada por empresarios nacionales e internacionales que pretenden acaparar nuestras tierras para construir sus proyectos ilegales que solo traen muerte, violencia y miseria».

Con la implementación de políticas agrarias y el reimpulso del modelo extractivo en el contexto luego del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, «la persecución y criminalización» a los principales lideres de estas organizaciones «se ha incrementado, utilizando figuras penales como el de la usurpación para desmovilizar e intimidarnos», destaca el documento.

Denuncian además que las reformas al tipo penal de usurpación «atentan directamente contra las luchas populares y el ejercicio de reivindicación de derechos a través de medios legítimos como la protesta pública y pacífica, que ahora se considera delito grave si se realiza en contra de proyectos extractivistas aprobados por el gobierno».

Las organizaciones condenan la criminalización contra los líderes de las luchas indígenas y campesinas por el derecho a la tenencia de la tierra, que cada vez «es más sofisticada a partir del uso indebido del derecho penal, utilizado de manera histórica para frenar las resistencias de los territorios y favorecer a una élite empresarial corrupta».

Exigen a la Sala de lo Constitucional del poder Judicial que admita y declare inconstitucionales las reformas que modifican el tipo penal de usurpación, por «violentar preceptos constitucionales y convencionales como la libertad de expresión, la libre asociación, la reunión pública y pacífica, el derecho a la defensa y el debido proceso». EFE

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