Diputados paraguayos avalan polémico proyecto de tierras en medio de protesta

Asunción, 29 sep (EFE).-La Cámara Baja de Paraguay sancionó este miércoles el proyecto de ley que aumenta hasta a diez años de cárcel las ocupaciones e invasiones de tierra, en una sesión en la que varios diputados abandonaron el hemiciclo antes de la votación y que estuvo precedida de enfrentamientos entre policías y manifestantes.

El proyecto, aprobado en el Senado la pasada semana, es repudiado por organizaciones campesinas e indígenas, que ven en el mismo una intención de criminalizar la lucha por el derecho a la tierra.

El texto, que eleva a seis años la pena por las invasiones y a diez años de cárcel en el caso de daños de bienes, fue apoyado con el voto de 49 legisladores, con mayoría del gobernante Partido Colorado, que domina la Cámara Baja.

La mayoría de los integrantes de las dos bancadas del Partido Liberal, el mayor de la oposición, anunciaron su abandono del recinto junto a legisladores de otras formaciones minoritarias en protesta por la propuesta de un diputado oficialista de cerrar el debate, aprobada en votación.

«No hemos tenido oportunidad de profundizar el debate. No es una posición democrática», dijo la diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional.

El proyecto, que queda en manos del presidente del país, Mario Abdo Benítez, solo contó con el rechazo de tres legisladores, con una abstención, y un total de 27 ausentes, entre los que no estuvieron presentes y quienes no quisieron participar en la votación.

De hecho, desde las filas liberales se pidió posponer el tratamiento por 15 días, y atendiendo a la necesidad de un exhaustivo estudio, así como a los incidentes ocurridos frente al edificio antes de la sesión.

La Policía Nacional dispersó de mañana con carros de agua, gases lacrimógenos y balines de goma a un reducido grupo de manifestantes, identificados como indígenas, que intentaron derribar la valla de protección.

Los agentes fueron agredidos con piedras, resultando algunos de ellos heridos, según la versión oficial.

Asimismo se quemaron varios vehículos aparcados en la zona, donde acampaban desde días atrás grupos indígenas llegado del interior del país.

No obstante, tras los incidentes se concentraron frente al Congreso miembros de organizaciones campesinas para seguir la sesión a través de altavoces, como ya lo hicieron la pasada semana en la de senadores.

MARX Y CHÁVEZ

Las intervenciones de los legisladores del oficialismo tampoco se diferenciaron de las de sus correligionarios del Senado, apelando al derecho a la propiedad privada consagrado en la Constitución.

«El Estado debe de proteger la propiedad de la tierra. Nosotros somos parte del Estado.La propiedad privada es inviolable», dijo el colorado Basilio Núñez.

El diputado añadió que en la actualidad hay en el país un millar de invasiones de propiedad privada, el 50 % en áreas urbanas, y aseguró que los grupos de indígenas que se oponen al proyecto están «manipulados por sectores de izquierda y por parlamentarios que comulgan con ideales socialistas».

«Esta es una hoja de ruta de la izquierda, de partidos satélites que admiran al padre del comunismo», dijo el diputado, que tras nombrar a Karl Marx dijo que en Paraguay hay «adoradores» de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Fidel Castro.

En la sesión del Senado el proyecto fue duramente criticado por los legisladores del Frente Guasu, la mayor articulación de izquierda del país, pero sin apenas representación en Diputados.

Los diputados liberales en contra emplearon argumentaciones similares, sosteniendo que la usurpación de tierra al campesinado y a los pueblos originarios es la causante de la injusta distribución de la tierra.

«Es un problema social grave el problema de la tenencia de las tierras que no se soluciona con penas de cárcel», dijo al expresar su rechazo el liberal Eusebio Alvarenga.

Tanto Alvarenga como el diputado de su partido Edgar Acosta enmarcaron la problemática en las denominadas tierras malhabidas, ocho millones de hectáreas sujetos a la reforma agraria que fueron repartidas por la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) entre sus aliados políticos.

Tras la sesión, las autoridades facilitaron camiones para el traslado de los indígenas acampados a sus departamentos de origen.EFE

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