Parlamento de Ecuador responsabiliza políticamente a ministro por caso de niños asesinados

Guayaquil (Ecuador), 25 feb (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador decidió este martes reconocer la responsabilidad política por el incumplimiento de funciones del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, en el caso de la desaparición forzada de cuatro menores afrodescendientes en la ciudad de Guayaquil, cuyos cuerpos aparecieron calcinados semanas después.

Con 66 votos a favor, el pleno de la Asamblea decidió aceptar las recomendaciones de un informe no vinculante que semanas atrás había emitido la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niñas y Adolescentes, que realizó un proceso de fiscalización a las acciones tomadas por distintas instituciones públicas en el caso de los menores.

Se trata de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, quienes vivían en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, y fueron detenidos de manera irregular el pasado 8 de diciembre por una patrulla militar.

Los soldados, que ahora están procesados y con prisión preventiva por una investigación por desaparición forzada, dijeron que dejaron en libertad a los menores horas después en una zona rural a unos 30 kilómetros de Guayaquil, cerca de donde se ubica una base militar de Taura, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

Días después de que su desaparición se hiciera pública, los cuerpos de los menores fueron encontrados calcinados en una zona de difícil acceso muy cercana al sitio donde los dejaron los militares.

En su informe, la comisión legislativa concluyó que el caso «no es aislado», sino que «existen reiteradas violaciones a los derechos humanos producto de la inobservancia de las normas constitucionales y legales, tales como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes, en los cuales se encontrarían involucrados efectivos militares».

Durante el debate del informe, la presidenta de la comisión, la correísta Pierina Correa, dijo que conocieron que tras la declaratoria hace un año del «conflicto armado interno» por parte del presidente Daniel Noboa para luchar contra las bandas criminales, se registraron al menos nueve casos de desapariciones forzadas y quince casos de ejecuciones extrajudiciales, según cifras de la organización Human Rights Watch (HRW).

«Este caso pudo ser evitado si la patrulla militar hubiese conocido y respetado los protocolos para proteger y garantizar el derecho a la vida e integridad de los niños (…) El desconocimiento pasa una factura alta porque hoy tenemos a un niño y a tres adolescentes como cadáveres», señaló.

Y agregó que era «obligación y responsabilidad» del ministro Loffredo «garantizar el respeto a los derechos humanos por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de su deber».

El informe aprobado por la comisión recomendaba al pleno iniciar con un proceso de juicio político en contra del titular de Defensa, pero Correa dijo que, como ya está en trámite otro enjuiciamiento contra él, se considere este informe como insumo dentro de ese proceso u otros que puedan iniciarse en el futuro.

Por su parte, la asambleísta oficialista Valentina Centeno dijo que la bancada Acción Democrática Nacional (ADN) también exigía «que se haga justicia venga de donde venga el crimen», pero que no podían permitir que «se utilice una tragedia para hacer campaña política» con miras a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde Noboa se enfrenta a la candidata correísta Luisa González.

Centeno pidió a la presidenta de la comisión que su investigación «vaya mucho más allá» de las conclusiones del informe y que se investigue «las causas de la violencia» en el país, porque «no es de la noche a la mañana que el Ecuador le abrió las puertas a las mafias, que legalizó las pandillas o que expulsó la base militar de Manta».

Al final, su pedido no se incluyó en la resolución y los integrantes de la bancada oficialista se abstuvieron de votar a favor o en contra de la moción. EFE

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