Pillay sobre la pena capital: «Se están matando inocentes y disidentes»

Maribel Arenas

Madrid, 5 jul (EFE).- La presidenta de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM), Navanethem Pillay, alertó en una entrevista con EFE en Madrid de la existencia de Estados con pena capital en los que «se están matando inocentes» y «disidentes de las autoridades» bajo la «excusa de hacer frente al terrorismo».

«Como antigua Alta Comisionada para los Derechos Humanos, me preocupa que los juicios no hayan sido justos. En algunos países, eran secretos y las familias nunca fueron informadas de lo que le ocurrió a su familiar desaparecido”, relató la jueza sudafricana que participó en la capital española en la reunión anual de la CIPM.

Aunque admitió que «no existe una convención sobre la pena de muerte», Pillay acusó a Estados Unidos y China -dos de los cinco Estados con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas junto a Francia, Reino Unido y Rusia-, de sentirse «exentos» de cumplir con las normas y obligaciones de la ONU, pese a que «la gran mayoría de Estados miembros ya han manifestado su oposición a la pena de muerte”.

«Estados Unidos se describe a sí mismo como una democracia. Y, sin embargo, en muchos Estados siguen aplicando la pena capital», lamentó la jueza al tiempo que recordó que es uno de los países con «mayor número de individuos condenados a muerte, donde después se descubrió que eran inocentes gracias a pruebas de ADN».

En el caso del gigante asiático, la jurista manifestó su preocupación por el hermetismo del país como un factor que pone en riesgo la celebración de juicios justos y transparentes, y agregó que «algunos países reservan la pena de muerte para todo tipo de delitos y no solo para los graves, como sucede con los relacionados con las drogas».

En ese sentido y como jueza que formó parte del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, a fin de enjuiciar a los presuntos responsables de la comisión de delitos de genocidio y violaciones de derechos humanos, Pillay aseguró que ni siquiera en este tribunal ‘ad hoc’, es decir, constituido expresamente para ese fin, se contemplaba la pena de muerte.

«La pena más alta era la cadena perpetua. Y esta era para casos graves como el genocidio o los crímenes contra la humanidad donde no se trataba de un solo asesinato, sino de miles”, argumentó.

LA ACCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

Defensora de una «pena humana y no cruel», Pillay considera que, en la mayoría de los casos, la pena de muerte constituye más un acto de «venganza» que de «justicia», en la medida en que, para ella, las verdaderas víctimas son, «normalmente, las mujeres y los hijos».

Ante un aumento del 39% de las condenas y un crecimiento del 20% de las ejecuciones, según los últimos datos de Amnistía Internacional en relación al año 2020, la presidenta de la Comisión llamó a la sociedad a asumir una «mayor responsabilidad», especialmente en casos de ejecución y condena de menores de edad o personas con discapacidad intelectual.

«Si se ejecuta a un niño o se le condena a una larga pena de prisión, todos debemos pensar que eso está mal. Por eso ahora, cada vez más, busco la acción de la sociedad civil: si los gobiernos están fallando por cualquier razón, entonces es hora de que nosotros, la población, intervengamos», reflexionó.

Pese a su optimismo sobre las moratorias que «cada vez más Estados suscriben» en la votación de la resolución de la Asamblea General, Pillay recordó que «hay un riesgo real de que aumente» el uso de la pena capital.

«Uno de los comisarios señaló que, ahora mismo, en el marco de la guerra de Ucrania, el sector ruso ha acusado a dos o tres personas y las ha condenado a muerte. Se trata de una amenaza muy real», sentenció. EFE

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