Perú crea un protocolo especial para proteger defensores de derechos humanos

Lima, 22 abr (EFE).- El Gobierno de Perú aprobó un mecanismo para mejorar la protección a los defensores de los derechos humanos y del medioambiente, después de que se hayan recrudecido los asesinatos y las amenazas a líderes indígenas que plantan cara a los invasores de sus territorios.

El mecanismo, establecido en un decreto publicado este jueves en el diario oficial El Peruano, tiene el objetivo de acelerar la reacción de las autoridades para garantizar la integridad de las personas amenazadas por reivindicar derechos humanos, territoriales y ambientales.

Este instrumento fue presentado el miércoles por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega, durante una conferencia titulada «Inseguridad indígena en la Amazonía peruana», que organizaba la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales (IRI).

Vega señaló que, de esta manera, se acoge un pedido de los propios pueblos indígenas, las organizaciones defensoras de derechos humanos, las iglesias, las autoridades y los organismos internacionales.

«Es un granito de arena que el Poder Ejecutivo pone al alcance de las comunidades y de los defensores y defensoras de derechos humanos», apuntó Vega.

El mecanismo estará integrado por representantes de ocho ministerios del Gobierno nacional para coordinar acciones rápidas y evitar más asesinatos y amenazas.

NUEVE ASESINATOS EN UN AÑO

En apenas un año se han reportado en Perú los asesinatos de nueve defensores del medioambiente, entre ellos siete indígenas ejecutados por enfrentar al narcotráfico, la tala ilegal y la deforestación que invade y arrasa los bosques de sus territorios, ubicados en la Amazonía.

Desprovistos de protección, los indígenas son amenazados si denuncian a las autoridades y, cuando se atreven a hacerlo, se encuentran indefensos e inmersos en complicados procesos legales que pueden durar muchos años.

La serie de crímenes comenzó en 2020 en pleno confinamiento por la covid-19 con el asesinato de Arbildo Meléndez, jefe de la comunidad nativa de Unipacuyacu, de etnia cacataibo; y Gonzalo Pío, líder de la Comunidad Nuevo Amanecer Hawai, de etnia asháninka, y cuyo padre, Mauro Pío, también fue asesinado en 2013.

Ambos trataban de lograr la titulación de los territorios de sus comunidades para hacer frente al narcotráfico y la tala ilegal, respectivamente.

En medio de los dos casos también fue asesinado en abril Benjamín Ríos en la comunidad asháninka de Kipachari, y en mayo Santiago Vega, de la comunidad indígena cacataibo Sinchi Roca.

En febrero de este año fueron asesinados otros dos cacataibos: Herasmo García y Yenes Ríos en las comunidades Sinchi Roca y Puerto Nuevo, respectivamente, lo que provocó que la población de esta última huyera de su territorio ante el temor a nuevos asesinatos.

UNA MUJER, EL CASO MÁS RECIENTE

En marzo fue el turno de Estela Casanto, una mujer de 55 años de de la comunidad nativa asháninka Shankivironi, quien había sido amenazada repetidamente por otra mujer, una vecina «colona», como llaman los nativos a las personas foráneas que se asientan en su territorio sin su permiso.

A todos ellos se les unen las muertes de otros defensores ambientales como Lorenzo Wampagkit, guardián de la Reserva Comunal Chayu Nain; y Roberto Pacheco, hijo de Demetrio Pacheco, que regenta una concesión forestal amenazada por presuntos mineros auríferos ilegales en la región de Madre de Dios.

Antes estos hechos, y con motivo del Día de la Tierra, más de cien organizaciones suscribieron este jueves una carta para demandar la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de Perú y calificar de «indispensable» el protocolo recientemente aprobado de protección de defensores de derechos humanos.

Estas organizaciones esperan que el mecanismo «fije responsabilidades concretas en los diferentes sectores del Estado que deberían tener a su cargo medidas de prevención, protección y acceso a la justicia para las personas defensoras de derechos humanos, medio ambiente y territorios». EFE

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