Congreso peruano rechaza atender pedido del Gobierno sobre voto de confianza

Lima, 9 nov (EFE).- El Congreso peruano rechazó este miércoles la solicitud del primer ministro, Aníbal Torres, de ser convocado de urgencia ante el pleno para presentar una cuestión de confianza a fin de forzar a la cámara a aprobar un proyecto de reforma constitucional, al considerar que su pedido “no resulta atendible” según el marco legal vigente.

A través de una carta remitida a Torres, el presidente del Parlamento, José Williams, explicó que una eventual aceptación de su solicitud implicaría que el Legislativo, altamente fragmentado y dominado por la oposición, “ceda o abdique de sus competencias exclusivas y excluyentes”.

“Lo exhortamos, señor presidente del Consejo de Ministros, a respetar la separación de poderes, la institucionalidad democrática y el Estado constitucional de derecho”, concluye el documento.

Torres envió el martes un oficio al titular del Parlamento para pedirle que lo convoque “a la primera oportunidad que sesione el pleno del Congreso a fin de plantear una cuestión de confianza”, un mecanismo constitucional que, en principio, puede usar el Ejecutivo sobre materias relacionadas directamente a su política general.

En concreto, el primer ministro solicitó que el Parlamento debata y vote un proyecto de ley que presentó el Gobierno para derogar precisamente los temas sobre los cuales puede ser planteada la cuestión de confianza.

En el caso de que el Congreso hubiera convocado a Torres y rechazado su planteamiento, el Gobierno de Pedro Castillo habría tenido que reformar su gabinete y, ante un posible segundo voto de confianza negado, el mandatario estaría facultado a cerrar el Parlamento, como hizo el expresidente Martín Vizcarra en 2019.

ARGUMENTOS DEL CONGRESO

En la misiva, el titular del Parlamento justifica que, según la constitución peruana y el reglamento del Congreso, la cuestión de confianza “debe versar sobre materias o asuntos de competencia del Poder Ejecutivo -en estricto, en relación con la política general de gobierno-, y no respecto a competencias exclusivas y excluyentes del Congreso”.

Además, recuerda que el Tribunal Constitucional (TC) ya declaró infundada la demanda que presentó el Gobierno contra la norma que define el ejercicio de la cuestión de confianza.

En ese sentido, Williams insiste en que “no es preciso” el argumento de Torres, quien defiende que sería procedente plantear una cuestión de confianza en la medida que ello estaría vinculado a la salvaguarda del sistema democrático.

“Esta interpretación implicaría, conforme ha quedado establecido con la decisión del Tribunal Constitucional, que el Congreso ceda o abdique de sus competencias exclusivas y excluyentes, como lo son el procedimiento legislativo y el proceso deliberativo al interior de las Comisiones”, se lee en la carta.

Por ello, Williams resuelve que su pedido “no resulta atendible en los términos planteados”.

Esta fricción entre el Ejecutivo y Legislativo se produce en un momento de máxima tensión entre ambos poderes y once días antes de la llegada de una misión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) a pedido del presidente Pedro Castillo para aplicar la Carta Democrática Interamericana que garantice el respeto de la institucionalidad democrática en el país. EFE

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