Los cacataibo hartos de ser asesinados: «Solo nos queda la justicia indígena»

Fernando Gimeno

Lima, 9 mar (EFE).- «Solo nos queda la justicia indígena», repite una y otra vez resignado pero convencido Herlín Odicio, el líder del pueblo cacataibo, harto de la impunidad con la que sus «hermanos» son asesinados por plantar cara al narcotráfico y a la tala ilegal en sus territorios de la Amazonía peruana.

En menos de un año han sido asesinados en la misma área cuatro cacataibo y otros dos indígenas de etnia asháninka por enfrentarse a la asfixiante invasión de sus comunidades nativas, los últimos dos hace apenas tres semanas, aunque Odicio asegura en una entrevista a Efe que este fenómeno viene de tiempo atrás.

Hace años que los cacataibos son asesinados, pero nunca lo habían denunciado hasta que Odicio se hizo cargo de la Federación Nativa de Comunidades Cacataibo (Fenacoca), una organización que agrupa a nueve comunidades donde viven unos 10.000 nativos sobre los ríos Aguaytía, Zúngaroyacu y San Alejandro.

Esta zona entre las regiones de Huánuco y Ucayali, situadas en el centro de Perú, se ha vuelto en los últimos años uno de los principales núcleos de la tala ilegal y del narcotráfico para producir y exportar cocaína, de la que Perú es el segundo producto mundial, detrás de Colombia.

«Ya es un segundo VRAEM (Valle de los Ríos, Apurímac, Ene y Mantaro)», afirma Odicio en referencia a la gran fábrica de cocaína de Perú, una extensa zona de selva montañosa, ubicada más al sur, de donde sale, con la ayuda del remanente del grupo armado Sendero Luminoso, el 70 % de las 411 toneladas de la droga que Perú exporta anualmente.

COMUNIDADES EN HUIDA

La violencia es tan palpable y el temor tan grande que Puerto Nuevo, la comunidad indígena con más deforestación de Ucayali y escenario de uno de los recientes crímenes, ha abandonado recientemente su territorio.

«Estamos como en los años 90», dice Odicio al recordar la persecución de los indígenas de la Amazonía peruana por Sendero Luminoso y el guerrillero Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que causaron el desplazamiento forzado de millones de nativos para no caer bajo su yugo y ser esclavizados o aniquilados.

«Es muy lamentable esta situación. Los líderes nunca lo denuncian públicamente porque temen por su vida, pero cuando no denuncias, lo peor pasa igualmente», señala Odicio.

«Yo he sido amenazado en muchas oportunidades. Las amenazas son indirectas por segundas personas o a través llamadas y mensajes al teléfono. Tratamos de protegernos, pero nadie nos da solución», añade.

Los territorios de estas comunidades indígenas, amplias áreas de selva virgen de hasta 20.000 hectáreas, son altamente codiciados para extraer ilegalmente preciada madera como la caoba e instaurar cultivos de hoja de coca, la materia prima de la cocaína.

CORRUPCIÓN ESTATAL

Las mafias actúan en connivencia con las autoridades locales y regionales, pues Odicio acusa directamente a las direcciones de Agricultura de Huánuco y Ucayali de darles carta libre para invadir las tierras indígenas.

«Ponen cultivos ilícitos, hacen pozas de maceración, fabrican cocaína e incluso hay pistas de aterrizaje clandestinas», advierte el líder indígena sobre los «narcovuelos», avionetas que aterrizan sigilosamente en la zona para llevarse cargamentos de hasta media tonelada de cocaína hacia Brasil o Bolivia.

ZONA DE «NARCOVUELOS»

De esas pistas no se ha salvado ni siquiera la Reserva Indígena Cacataibo, un área natural protegida en proceso de aprobación para aquellos grupos de esta etnia que actualmente viven en aislamiento voluntario, sin contacto con la sociedad moderna ni la cultura occidental.

«También están realizando carreteras dentro de las comunidades sin autorización, sin un estudio de impacto ambiental», agrega Odicio, originario de la comunidad nativa de Yamino, colindante con la Reserva Indígena Cacataibo.

En este escenario de «acorralamiento» del pueblo cacataibo se produjo el asesinato el 12 de abril de 2020 de Arbildo Meléndez, jefe de la comunidad de Unipacuyacu, y el 25 de julio el de Santiago Vega en la comunidad de Sinchi Roca.

SECUESTRADOS, TORTURADOS Y EJECUTADOS

Dos muertes más se dieron hace unas semanas, la de Yenes Ríos en la comunidad de Puerto Nuevo y la de Herasmo García, primo hermano del apu (jefe) de Sinchi Roca, quienes fueron secuestrados, torturados y ejecutados con disparos en la cabeza en días distintos pero en zonas cercanas.

Pese a las denuncias públicas, la impunidad sigue incluso en el caso de Meléndez, cuyo asesino fue puesto en libertad tras ser identificado.

«Por más que denunciamos, los mismos funcionarios públicos, incluso los policías, están coludidos con la mafia. Hemos llegado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero de momento nada. No nos queda otra cosa que la Justicia indígena, que puede funcionar mejor que la Justicia peruana», afirma Odicio.

«Es la única justicia que puede funcionar: controlar nuestro territorio y defendernos con nuestros propios hermanos para proteger nuestra tierra. Solo nos queda unirnos, hacer fuerza como pueblos originarios ya que el Estado no nos hace caso. Como pueblos indígenas siempre hemos prevalecido unidos», concluye. EFE

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