Venezolanos en Perú piden amnistía para multados por «confusión generalizada»

Lima, 28 sep (EFE).- La Unión Venezolana en Perú pidió este miércoles al presidente del país andino, Pedro Castillo, una amnistía para aquellos migrantes de la nación caribeña que fueron multados por no renovar a tiempo sus permisos de residencia ya que, aseguran, el atraso fue fruto de una «confusión generalizada».

«Por una confusión generalizada, por desinformación en cuanto a la fecha de vencimiento de la residencia y la confusión que generó una fecha de caducidad que está al reverso del carnet de extranjería es que estos no iniciaron el trámite de renovación antes de su vencimiento», dijo el presidente de la asociación, Oscar Pérez, en una rueda de prensa.

Perú es el segundo país del mundo con mayor cantidad de migrantes venezolanos, por detrás de Colombia, ya que acoge a un promedio de 1,3 millones de ciudadanos de ese país, un millón de los cuales viven en Lima Metropolitana y el Callao.

Según las cuentas de la asociación, son cerca de 94.000 los migrantes de nacionalidad venezolana afectados por estas multas de 12 dólares por cada día de atraso, lo que en algunos casos supone hasta 5.000 dólares de sanción.

Por eso, extendieron su petición a Castillo y al primer ministro, Aníbal Torres, «para que decreten un proceso general de amnistía o de exoneración de multas con la finalidad que los afectados vuelvan a obtener su regularización migratoria», según apostilla un comunicado de la organización.

Estas sanciones, en opinión de Pérez, «son, en este momento, impagables» para los migrantes, «puesto que están muy por encima de los ingresos diarios que recibe cada una de estas personas como remuneración al trabajo que realizan en el Perú.

«Apelamos a la buena voluntad del presidente castillo y del premier para que se evalúe la posibilidad de decretar una amnistía general, una exoneración general», subrayó.

Advirtió que esta situación ha provocado una serie de consecuencias para quienes tienen sus documentos vencidos, tales como despidos de sus empleos, inmovilización de cuentas bancarias, anulación de licencias de conducir, impedimento de realizar trámites ante entidades públicas y privadas o desafiliación del seguro social, entre otros. EFE

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