Perú empuja inversión en hidrocarburos mientras sortea conflictos sociales

Imagen de archivo distribuida por la presidencia de Perú de la planta Melchorita de gas natural construida por la compañía española Repsol 170 km al sur de Lima, el 10 de junio de 2010 afp_tickers

Perú, que asegura tener reservas probadas de 10.000 millones de barriles de petróleo equivalente, quiere triplicar en el largo plazo su producción de hidrocarburos impulsando proyectos, varios de ellos en conflicto con comunidades que temen contaminación y piden ser beneficiadas con las inversiones.

Perupetro, órgano estatal encargado de promover y suscribir contratos de exploración de hidrocarburos en el país, propone que se apliquen regalías que vayan de la mano con el precio del petróleo, para que ni empresa ni Estado se vean perjudicados ante altibajos en la economía global.

«Las empresas no van a sentir que las regalías no van a ser un factor negativo para ellas cuando los precios bajen, y cuando los precios suban, el Estado va a recibir más», explicó a la prensa extranjera el presidente del directorio de Perupetro, Rafael Zoeger.

– China a la cabeza –

La china National Petroleum Corporation (CNPC) invertirá 2.000 millones de dólares entre 2017-2023 en el denominado Lote 58, ubicado en la selva del Cusco (sureste), con reservas probadas de gas natural de 3,9 TCF (trillones de pies cúbicos). «Pensamos que este proyecto va a ser el de mayor envergadura (en Perú) en cuanto al sector petrolero, por ahora», dijo Zoeger.

En lista además está la explotación del Lote 57, también en el Cusco, donde la contratista española Repsol construye una planta de compresión como parte del plan de desarrollo 2017-2018, que implica una inversión de 300 millones de dolares.

Zoeger aseguró que en los próximos días se espera un importante anuncio de una gran empresa del rubro.

Según Perupetro, el país cuenta con un potencial hidrocarburífero de 10.000 millones de barriles de petroleo equivalente (petróleo y gas). En el largo plazo, Perú puede llegar a producir un millón de barriles diarios, lo que significaría triplicar su capacidad actual.

– Profundidades marinas –

Perú tiene 54 áreas propuestas para la suscripción de contratos. Entre ellas, por primera vez en el país, la exploración en aguas profundas del Pacífico en el denominado lote Z-38, en Tumbes y Piura (norte), para 2018.

En lo que respecta a exploración marina, Perú se topa con una propuesta para declarar la «Zona Reservada Mar Pacífico Tropical» en la costa norte de Perú para protección de especies, donde actualmente algunas firmas petroleras tienen autorización de operar y han mostrado su preocupación porque esto perjudique sus inversiones.

«No estamos en contra de una reserva de tierra o marina, lo único que pedimos es que se permita la exploración y explotación petrolera en las partes del país que sean necesarias», consideró Zoeger.

– Conflictos y desatención –

Perú, segundo mayor productor mundial de plata, tercero de cobre y quinto de oro, debe cumplir con la legislación internacional de consulta previa con las comunidades originarias antes de explotar recursos en sus territorios, medida que rige en el país desde 2011.

A abril de este año, la Defensoría del Pueblo tiene contabilizados 204 conflictos sociales, 139 de estos de carácter socioambiental, con población que considera que la inversión no llega a sus comunidades y que teme daños en su ecosistema.

Actualmente hay 23 lotes petroleros declarados en «fuerza mayor» -es decir, en problemas para cumplir con la demanda de sus clientes- «la gran mayoría por asuntos sociales», señaló la Defensoría.

Constantes derrames en el Oleoducto Norperuano de la estatal Petroperú obligaron a cerrar las tuberías de forma indefinida, complicando el transporte del combustible para algunas firmas. Algunas comunidades de la etnia Wampis reclaman que la contaminación persiste, incluso un año después del derrame que las afectó.

En el lote 192 en Loreto, a cargo de la canadiense Pacific, una comunidad nativa mantiene tomada las instalaciones pues considera que no se les ha compensado debidamente para la explotación de los recursos. La negociación sigue.

Otro es el caso del Lote 116, en Amazonas, donde se opera desde 2006 y cuyo contrato de exploración fue anulado por la justicia, que considera que no se aplicó la ley de consulta previa, pese a que esta empezó a regir cinco años después.

«Los obstáculos para la inversión están fuera del control de nuestro sector (…) Debemos ver una forma de resolver, Perupetro puede ser facilitador de inversiones, prevenir los conflictos sociales», por ejemplo, dirigiendo los recursos del canon para beneficio directo de las comunidades, dijo Zoeger.