Piden a Fiscalía investigar a directivos del Congreso de El Salvador por actos arbitrarios

San Salvador, 11 nov (EFE).- Representantes de dos organizaciones humanitarias pidieron este lunes a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar penalmente a los directivos de la Asamblea Legislativa por supuesto incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.

Se trata de las organizaciones Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidech) y el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir).

Rudy Joya, abogado de Unidech, señaló que el aviso penal fue presentado a raíz de que se negaron a recibir una petición de víctimas de atropellos en el marco del régimen de excepción sobre el régimen de visitas a cárceles.

«Negaron ese derecho de petición al no recibir el escrito de las víctimas. ¿Hay un incumplimiento de deberes? Sí. La Constitución dice que todo funcionario debe recibir al ciudadano y debe recibir sus peticiones y darle respuesta, el no hacerlo constituye hechos delictivos», apuntó el letrado.

Samuel Ramírez, de Movir, dijo a periodistas que la Asamblea Legislativa se negó a recibir una solicitud de derogación de cualquier normativa de centros penales que impida las visitas porque «es un derecho que tienen las familias».

Se trata del presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro; las vicepresidentas Suecy Callejas y Alexia Rivas; y la secretaria Marcela Rosales, todos del partido oficialista Nuevas Ideas (NI).

Además se pidió investigar a Reynaldo Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), y Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ambos aliados de NI.

La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista NI, aprobó a inicios de noviembre la trigésima segunda ampliación del régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales desde marzo de 2022.

Esta medida se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo del referido año, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.

Con más de 83.100 detenciones, esta medida extraordinaria se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Nayib Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.

Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.

El Gobierno salvadoreño ha negado en repetidas ocasiones, incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusaciones de torturas y de otras violaciones a derechos. EFE

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