Piden la separación de juez por su pasado militar en juicio a ambientalistas salvadoreños
San Salvador, 9 abr (EFE).- Un grupo de organizaciones ambientalistas de El Salvador pidió este miércoles que uno de los jueces que intervendrá en la repetición de un juicio contra cinco líderes comunitarios y ambientalistas, acusados de un asesinato en el marco de la guerra civil (1980-1992), se separe del proceso por su supuesto pasado militar.
Representantes de las organizaciones señalaron en una conferencia de prensa que el juez Hugo Banzer Flores Alas habría pertenecido a la «extinta Guardia Nacional durante la guerra civil, según reveló uno de sus antiguos compañeros de armas».
«Exigimos al juez Hugo Banzer Flores Alas abstenerse de participar en la vista pública, renunciar al caso y permitir que otro juez asuma su función. Por decencia, dignidad y credibilidad de la Justicia se debe retirar del proceso», indicaron.
Entre los procesados, quienes pertenecen a la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), se encuentran antiguos miembros de la guerrilla insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora partido político de oposición.
La Guardia Nacional fue un cuerpo de seguridad de corte militar abolido en 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz (1992) y es reconocido por su participación en violaciones a derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas.
Los activistas también advirtieron de que la Fiscalía General estaría criminalizando «a quienes participaron en las luchas revolucionarias del pasado al tipificar de asociaciones ilícitas a las organizaciones insurgentes del conflicto armado».
«La Fiscalía pasa por encima de los Acuerdos de Paz que reconocieron y legitimaron la lucha por la democracia y justicia social», indicaron, y reafirmaron «la inocencia» de sus compañeros ambientalistas.
Estaba previsto que este miércoles se iniciara el nuevo juicio, pero fue suspendido.
Los ambientalistas Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pacheco y Saúl Rivas pertenecen a la ADES, mientras que Fidel Recinos no pertenece a la remota comunidad de Santa Marta.
Los ambientalistas residen en dicha comunidad, ubicada en el distrito de Victoria, que es reconocida por la lucha de sus pobladores contra la minería metálica.
Igualmente, son procesados Eduardo Sancho, alias Fermán Cienfuegos -uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992 que pusieron fin a la guerra interna- y Arturo Serrano Ascencio.
El proceso contra los ambientalistas fue sobreseído el 18 de octubre del año pasado por un juzgado de sentencia de la localidad de Sensuntepeque (noreste) y, posteriormente, una corte de apelaciones revirtió el fallo y ordenó que se realizara un nuevo juicio.
La Fiscalía señaló en su momento que «todos los procesados» son excombatientes del FMLN y los acusó del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, el 22 de agosto de 1989, sin que haya dado mayores detalles del caso, que permanece bajo reserva. EFE
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