Poderes de Paraguay condenan la corrupción tras las denuncias de una trama en la Justicia

​(Actualiza con publicación de Peña en la red social X)

Asunción, 17 feb (EFE).- Los representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público y la Contraloría de Paraguay condenaron «enérgicamente» este lunes cualquier acto de corrupción y pidieron que caiga «todo el peso de la ley» sobre quien viole el orden jurídico, cuando el país ha sido sacudido por denuncias de un presunto entramado de corrupción judicial, que al parecer involucra a legisladores, jueces y fiscales.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, convocó esta jornada a una reunión del Consejo Nacional Anticorrupción en el Palacio de López, sede del Ejecutivo en Asunción, tras la divulgación de unos presuntos chats extraídos de un teléfono móvil del diputado oficialista Eulalio ‘Lalo’ Gomes, fallecido el 19 de agosto de 2024 durante un allanamiento a su vivienda.

«Condenar absoluta y enérgicamente todo y cualquier acto que suponga la desnaturalización, corrupción o direccionamiento indebido de los órganos constitucionales legítimamente constituidos», fue uno de los compromisos de un acta firmada en la llamada ‘Cumbre de Poderes’ que Peña leyó ante la prensa, que no tuvo oportunidad de hacer preguntas.

El documento, rubricado por Peña y los titulares del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Contraloría, sostiene que «todo el peso de la ley debe caer inflexiblemente sobre todos aquellos que hayan violado el orden jurídico» y que las autoridades colaborarán «para que no queden responsables sin sanción».

La reunión tuvo lugar luego de que el pasado 3 de febrero el juez penal especializado en crimen organizado Osmar Legal comunicó al Ministerio Público que encontró presuntos chats de Gomes relacionados con «pedidos de favores políticos y ofrecimientos de dinero» que supuestamente involucran al diputado oficialista Orlando Arévalo -quien renunció a su curul y a su cargo en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)- a las fiscales Katia Uemura y Stella Mary Cano y la jueza Sadi López.

Otro de los compromisos fue que impulsarán la aprobación de un reglamento que imponga «restricciones» a los miembros del JEM -el órgano que juzga a jueces, fiscales y defensores públicos- para «mantener reuniones o comunicaciones privadas con magistrados en general», además que sus comunicaciones «deberán ser oficiales y públicas».

El gobernante recordó que la implementación de dicho reglamento es parte de una estrategia de combate a la corrupción aprobada por los tres poderes del Estado el 23 de noviembre de 2023, cuando se cumplieron sus primeros 100 días de gestión.

En la red social X, Peña manifestó que la convocatoria de esta jornada buscó «coordinar acciones que fortalezcan nuestro combate contra la corrupción».

«La lucha contra la corrupción requiere unidad y compromiso», escribió el presidente.

Firmaron el acta el vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana; los presidentes del Senado y del Congreso Nacional, Basilio Núñez; de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; de la Corte Suprema de Justicia, César Diésel; el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón; y el contralor general de la República, Camilo Benítez.

Las denuncias de Legal motivaron la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público y la instrucción de sumarios administrativos para las fiscales Uemura y Cano y la jueza López, quien dimitió en medio del escándalo. EFE

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