Policía y militares intervienen en la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil

Guayaquil (Ecuador), 2 oct (EFE).- Grupos de policías y militares intervinieron este sábado en la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, vecina a una prisión donde el martes pasado se registró una masacre que dejó como saldo 118 reos fallecidos.

A primeras horas de este sábado unos mil militares y policías ingresaron en ambos centros de detención, donde se escucharon detonaciones de armas.

La Policía informó de que durante la intervención en el centro de privación de Libertad Zonal 8, los agentes «fueron recibidos con disparos por las personas privadas de la libertad», pero de inmediato lograron neutralizar la acción.

Sin embargo, el comandante del cuerpo de infantería de Marina, Fernando Recalde, indicó que «en principio hubo fuego cruzado, al parecer entre las bandas (de reos), pero al ver la presencia de la fuerza pública todo se amainó».

La comandante general de Policía, Tannya Varela, informó de que tras ser neutralizados los presos, la policía pudo evacuar a cuatro reos heridos.

Desde las afueras de las cárceles, Efe constató que había reclusos en los patios, en los techos y una columna de humo salía de una de las cárceles.

En el techo de la cárcel de máxima seguridad, unos reos alzaban unas telas escritas con mensajes, que no fue posible descifrar debido a la distancia.

Varela avanzó que mañana ofrecerán una rueda de prensa en la que proporcionarán detalles de los operativos de hoy.

INCERTIDUMBRE ENTRE FAMILIARES

El ir y venir de ambulancias este sábado aumentó la incertidumbre sobre la situación en el interior de las cárceles mientras en los exteriores, el ruego de familiares de los presos por información no encontraban eco en los uniformados.

Afuera de la Cárcel 1, conocida como Penitenciaría del Litoral, estaba Rosa Romero, de 57 años, quien buscaba información sobre su sobrino Rafael de quien no sabe nada desde hace cuatro meses, cuando ingresó en la cárcel acusado del delito de robo.

Las autoridades les dijeron que debía permanecer en la cárcel un año, pero «como no teníamos plata (dinero) no pusimos abogado, pero queremos saber si está adentro o no, que nos den alguna respuesta», dijo a Efe.

Romero aseguró que en todos estos días no ha podido «ni dormir» pensando en la situación de su sobrino.

Como ella, madres, hermanas, esposas y otras mujeres con niños en brazos esperaban en las afueras de la cárcel por información sobre sus parientes.

Ello mientras la incertidumbre y ansiedad se apoderaban este sábado cada vez más de aquellas familias de reos que no consiguen aún identificar a su seres queridos, a cuatro días de la masacre en una de esas prisiones de Guayaquil (suroeste), que dejó el saldo más alto de fallecidos de los últimos años.

Hasta el viernes se había identificado a 41 presos y se había entregado una veintena de cadáveres a los familiares, mientras la angustia crece entre los familiares de los reclusos que esperan el fin de las labores forenses para conocer la suerte de sus parientes.

La reyerta del martes puso de manifiesto la grave crisis carcelaria y de seguridad que vive el país andino, donde carteles extranjeros vinculados al narcotráfico financian a bandas locales que se disputan el mercado, sobre todo en torno a ciudades portuarias por las que sale la droga.

En lo que va de año han muerto más de 230 presos en este tipo de ajustes de cuentas, siendo el caso más grave anterior el que se registró en febrero en cuatro prisiones, que dejó un balance de unos 80 muertos.

INDULTOS Y REPATRIACIONES

La reconversión del sistema penitenciario es una de las asignaturas pendientes del anterior Gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) que ha heredado el actual mandatario, Guillermo Lasso.

Tras la situación del pasado martes, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), Bolívar Garzón, anunciaron medidas contundentes para afrontar la crisis carcelaria, sobre todo reducir el hacinamiento, que en la cárcel del Litoral llega al 62 %.

Entre las medidas anunciadas está la intención de conceder unos 2.000 indultos «de forma inmediata a personas de la tercera edad, mujeres, personas con discapacidad y enfermos terminales», y la de comenzar a la repatriación de presos extranjeros. La devolución de 82 ya está en trámite.

El Gobierno también prevé rehabilitar el complejo de Guayaquil y distribuir a los presos en pabellones diferentes para evitar hechos violentos, además de impulsar la construcción de centros adicionales.

Igualmente instalará «un escáner de carga para evitar el contrabando de armas». EFE

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