Cuarto juicio en Ginebra: el suizo Erwin Sperisen, cómplice de ejecuciones en Guatemala

Erwin Sperisen ha sido juzgado por cuarta ocasión en Ginebra. Afirma ser inocente y se considera víctima de un error judicial. Keystone / Martial Trezzini

El Tribunal de Apelación de Ginebra condenó a Erwin Sperisen a 14 años de prisión. El exjefe de la Policía Nacional de Guatemala fue considerado cómplice en ejecuciones extrajudiciales en una prisión cercana a la capital guatemalteca. La defensa - una vez más - advirtió que apelará.

La Cámara Penal de Apelaciones y de Revisión de Ginebra considera que el binacional suizo-guatemalteco fue cómplice en la muerte planificada de siete reos en la prisión de Pavón en septiembre de 2006.

Esta corte, en el cuarto juicio contra Sperisen en Ginebra, estimó que el señalado tuvo conocimiento del comando homicida que acabó con la vida de esos reos y que maquilló la escena de las ejecuciones.

Consideró que una lista de detenidos a eliminar, todos hombres, fue establecida antes del asalto a la prisión de Pavón para que un comando especial, conocido y cercano a Erwin Sperisen, perpetuara las ejecuciones.

Es decir, nuevamente fue rechazada la teoría del confrontamiento, ya descartada por el Tribunal Federal en uno de los más de 20 recursos dirigidos por la defensa a la máxima instancia judicial helvética.

Para la Corte de Apelaciones de Ginebra, Javier Figueroa, la mano derecha de Sperisen y absuelto por un tribunal popular en Austria de todo cargo, figuró también como parte de ese comando. A ojos del juzgado, la pasividad por parte del exjefe policial ante el proceder del comando, “es incompatible con una función de alta responsabilidad”. De allí que considere a Sperisen como cómplice de esos actos.

El juzgado determinó que pese a la situación difícil de seguridad en Guatemala en aquel entonces, no es posible justificar el actuar del entonces responsable policial.

La Corte estimó que el acusado merecía una pena más dura que la de 14 años de prisión, pero la decidió así al tomar en cuenta la violación del principio de celeridad, es decir, aquel que indica que las decisiones judiciales deben tomarse en un plazo razonable.

Erwin Sperisen, que había estado privado de libertad durante más de once años (mediante detención preventiva, prisión y arresto domiciliario) ya había cumplido los dos tercios necesarios de su condena, salió del Palacio de Justicia ginebrino como un hombre libre.

“Acto de reivindicación”

Desde Guatemala, Iduvina Hernández, periodista y directora de la Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia (SEDEM) indica que esta sentencia condenatoria para la sociedad guatemalteca y para las víctimas, “representa un acto importante de reivindicación, porque ninguna persona ha de ser privada de la vida por el hecho de que otra persona tenga el poder de un puesto gubernamental y cuente con las armas para ello».

“Toda persona merece un juicio justo como el que Erwin Sperisen ha tenido en Suiza. Y la condena que se le impone básicamente es un acto de justicia para las personas afectadas”, indicó.

A su parecer, no hay duda de que ese operativo en el que se acusa a Sperisen de haber participado fue una disputa de los espacios de control de poder entre bandas, “una con el título de autoridades de seguridad en Guatemala”.

La oenegé TRIAL Internacional, que combate la impunidad en crímenes internacionales y respalda a las víctimas en sus demandas judiciales indica en un comunicadoEnlace externo: “Esta condena demuestra una vez más que las autoras o los autores de delitos graves -por muy altos cargos que ocupen y por mucho apoyo del que sigan gozando muchos años después- pueden responder a sus actos”.

Pero en Suiza también hay lecciones aprendidas de este caso. La primera: ha quedado claro que no se ha tratado de un caso en el estricto marco de la jurisdicción universal, sino de un juicio en contra de un ciudadano suizo que por esa misma condición no fue extraditado, como lo solicitaba el Estado de Guatemala.

Deficiencias de la justicia suiza

Y, la segunda: no todas las voces suizas expertas en Justicia consideran que una corte ginebrina pueda ser jurídicamente competente para determinar personas culpables de crímenes cometidos a 10.000 km de distancia.

Christian-Nils Robert, profesor honorario de la Universidad de Ginebra en una participaciónEnlace externo en el apartado ‘Correo de Lectores’ del diario suizo Tribune de Genève, menciona, lo que él considera como “un breve inventario de los errores judiciales cometidos por los tribunales ginebrinos, atrapados en una arrogancia acusatoria”, entre ellos, “la negativa a realizar peritajes sobre ciertas pruebas más que dudosas” durante el caso Sperisen y “un aparente conflicto de intereses a nivel de la acusación”.

El Código de Procedimiento Penal (CPP) de Suiza prevé que la magistrada o el magistrado a cargo de dirigir un proceso en segunda instancia debe también decidir las demandas de liberación formuladas durante esa fase de recurso. En este contexto, la presidenta de la Corte de Apelaciones ginebrina resolvió en 2017 sobre una solicitud de libertad inmediata de Sperisen.

Justo en ese punto, y solo en este, en junio de 2023, Estrasburgo resolvió que dos frases citadas por esa presidenta del jurado explicando sus razones para denegar la puesta en libertad de Sperisen, y que fueron las siguientes: “hay cargos suficientes que permiten la perspectiva de una condena plausible” y “elementos del expediente penal siguen hablando a favor de la culpabilidad”, no permitieron un juicio imparcial.

La jueza fue recusada, pero el problema de este doble papel de las magistradas y los magistrados sigue, a causa de una ley que así lo estipula. Stéphane Grodecki, abogado y encargado de cursos de Derecho en la Universidad de Ginebra, también forma parte de aquellas voces expertas que critican esta combinación de papeles y que piden una separación completa de estas funciones, según menciona en su artículoEnlace externo explicativo la periodista judicial Fati Mansour, del diario Le Temps.

“El principal, es decir, el único responsable de la condena a Suiza por Estrasburgo es el legislador y no el juez. En lugar del vapuleo mediático que siguió a la condena de Estrasburgo sobre el caso Sperisen, deberíamos recordar al legislador, es decir, al sector político suizo, que no se puede adoptar una arquitectura que comporta una violación de la TEDH y luego criticar al juez que tiene que aplicarla”, opinó Grodecki.

Lo que parece una detallada discusión de derecho procesal para expertos es importante precisamente porque, como aclara un artículoEnlace externo del diario República, la prensa guatemalteca no ha entendido que la sentencia de Estrasburgo no se refiere en absoluto a las pruebas valoradas en el juicio contra Erwin Sperisen.

Esta evidencia se confirmó de nuevo el jueves en Ginebra.

“Suiza es, en el imaginario global, una jurisdicción sin mácula. Sin embargo, no pudiera estar más alejado de la verdad; políticos, fiscales, jueces y oenegés se confabulan para empujar la agenda ideológica de la izquierda”, se indica en la presentaciónEnlace externo de una conversación entre Rodrigo Arenas, presidente editor de República y Alejandro Palmieri, editor de política de ese diario.

La crítica se fundamenta en el hecho de que, mientras en algunos otros países, los jueces no pueden pertenecer a ningún partido político, en Suiza ocurre lo contrario. Aquí se explica por qué:

Los derechos de recurso están ampliamente reconocidos en la legislación suiza. Erwin Sperisen volverá a hacer uso de ellos. Mantiene su inocencia y ha reclamado una indemnización de 8 millones de francos. El caso Sperisen aún no está cerrado.

Editado por Marc Leutenegger